En el encuentro participaron las diferentes organizaciones de la mesa comunitaria del corredor minero.
La comunidades del corredor minero de la zona centro del Cesar y los alcaldes de los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril se reunieron en una mesa comunitaria a fin de dialogar y construir acuerdos.
Lo anterior, está relacionado con la petición de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y gobiernos locales que exigen la implementación de la acción de tutela del 4 de noviembre 2022 que ordena a Prodeco la creación de una mesa para el cierre de las obligaciones ambientales y sociales.
“Exigimos que el grupo empresarial Prodeco de la empresa multinacional Glencore (Suiza), cumpla en debida forma con las obligaciones ambientales y sociales pendientes contenidas en las licencias ambientales de las minas La Jagua y Calenturitas explotadas durante más de 25 años, donde cerró sus operaciones anticipadamente en 2020, sin planificación y como consecuencia dejó una grave crisis social y de desempleo en el territorio”, manifestó una vocera de la comunidad.
Asimismo, las comunidades piden al Estado que ordene de forma “rápida” y “urgente” una audiencia para instalar la mesa comunitaria, en la cual se rindan cuentas públicas sobre el estado y cierre de las obligaciones del grupo empresarial Prodeco.
Las autoridades que requieren su presencia son: la Anla, el Ministerio de Medio Ambiente presidiendo, el grupo empresarial Prodeco, organismos de control veedores como la Procuraduría, Defensoría y los representantes de comunidades y sindicatos afectados del corredor minero.
“Exigimos que ante la grave situación de hambre, pobreza, desempleo y afectación ambiental que estamos viviendo en el corredor minero y que se agravó con el proceso de cierre de operaciones de esta empresa, se definan medidas y se encuentren soluciones de urgencia en un diálogo constructivo entre todas y todos para definir inversiones sociales inmediatas con el fin de garantizar la reactivación económica y el empleo de la población afectada en los municipios mineros ante la grave emergencia social y ambiental”, acotó el gremio de organizaciones a través de un comunicado.
En el encuentro participaron las diferentes organizaciones de la mesa comunitaria del corredor minero.
La comunidades del corredor minero de la zona centro del Cesar y los alcaldes de los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril se reunieron en una mesa comunitaria a fin de dialogar y construir acuerdos.
Lo anterior, está relacionado con la petición de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y gobiernos locales que exigen la implementación de la acción de tutela del 4 de noviembre 2022 que ordena a Prodeco la creación de una mesa para el cierre de las obligaciones ambientales y sociales.
“Exigimos que el grupo empresarial Prodeco de la empresa multinacional Glencore (Suiza), cumpla en debida forma con las obligaciones ambientales y sociales pendientes contenidas en las licencias ambientales de las minas La Jagua y Calenturitas explotadas durante más de 25 años, donde cerró sus operaciones anticipadamente en 2020, sin planificación y como consecuencia dejó una grave crisis social y de desempleo en el territorio”, manifestó una vocera de la comunidad.
Asimismo, las comunidades piden al Estado que ordene de forma “rápida” y “urgente” una audiencia para instalar la mesa comunitaria, en la cual se rindan cuentas públicas sobre el estado y cierre de las obligaciones del grupo empresarial Prodeco.
Las autoridades que requieren su presencia son: la Anla, el Ministerio de Medio Ambiente presidiendo, el grupo empresarial Prodeco, organismos de control veedores como la Procuraduría, Defensoría y los representantes de comunidades y sindicatos afectados del corredor minero.
“Exigimos que ante la grave situación de hambre, pobreza, desempleo y afectación ambiental que estamos viviendo en el corredor minero y que se agravó con el proceso de cierre de operaciones de esta empresa, se definan medidas y se encuentren soluciones de urgencia en un diálogo constructivo entre todas y todos para definir inversiones sociales inmediatas con el fin de garantizar la reactivación económica y el empleo de la población afectada en los municipios mineros ante la grave emergencia social y ambiental”, acotó el gremio de organizaciones a través de un comunicado.