Este jueves, 15 de mayo, la Alcaldía de Valledupar informó, mediante un comunicado, sobre los avances en la caracterización integral de más de 110 habitantes de calle, un proceso impulsado durante el último año en respuesta a requerimientos de los entes de control para diseñar políticas públicas efectivas. Esta iniciativa contó con la participación de la Gobernación del Cesar, la Policía Nacional y organizaciones sociales, y permitió brindar servicios de salud, higiene, alimentación y asesoría psicosocial a esta población vulnerable.
En total, se caracterizaron 113 personas habitantes de calle, de las cuales solo el 36 % reportó tener documento de identidad de Valledupar, mientras que el resto proviene de otros municipios o no suministró información sobre su lugar de procedencia; a pesar de esta diversidad, el 65 % está afiliado al sistema de salud, atendido por 10 EPS. Asimismo, un 60 % de los encuestados expresó interés en aprender un oficio, lo que abre puertas para su formación e inclusión laboral, mientras que se detectó que el 60 % consume sustancias psicoactivas y que el 42 % es víctima de violencia, siendo la ruptura familiar la causa más frecuente de su situación de calle.
La Secretaría de Gobierno, junto con la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Salud, ha liderado campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y acciones focalizadas en zonas críticas, además de gestionar proyectos como la creación de comedores sociales para mitigar riesgos alimentarios y psicosociales. Asimismo, se han entregado ayudas a fundaciones y centros de bienestar para adultos mayores en situación de calle.
Sin política pública para habitantes de calle
No obstante, la política pública para habitantes de calle aún está en fase de formulación y se proyecta su adopción e implementación para finales de 2025, en concordancia con el Plan de Desarrollo “Valledupar, Municipio Equitativo y Solidario”. Para ello, se adelantan trámites para contratar el equipo técnico que finalizará el documento y se prevé su presentación ante el Concejo Municipal.
Sin embargo, esta narrativa oficial contrasta con las preocupaciones expresadas por organismos de control y sectores sociales. La Procuraduría General de la Nación, en febrero de 2025, solicitó al alcalde Ernesto Orozco información detallada sobre la implementación de la política pública y la caracterización socioeconómica de esta población, evidenciando la falta de claridad y avances concretos en la materia.
Además, la Defensoría del Pueblo interpuso en 2021 una acción popular que derivó en sentencias judiciales en 2024, ordenando la creación de hogares de paso dignos y rutas integrales de atención, compromisos que hasta la fecha no se han cumplido cabalmente.
La Secretaría de Gobierno reconoció el incumplimiento de los plazos judiciales para consolidar la caracterización y presentar la política pública en respuesta a un derecho de petición a EL PILÓN, lo que deja a la población en situación de calle en un limbo institucional sin garantías claras de acceso a derechos fundamentales.
Sin recursos
Además, “para la vigencia 2025 no se asignaron recursos específicos para esta política”, respondió la Secretaría de Gobierno municipal el pasado 9 de abril, limitando la capacidad de respuesta y relegando la atención a acciones emergentes y parciales, principalmente enfocadas en adultos mayores.
La problemática se agrava en espacios sensibles como el entorno del Colegio Nacional Loperena, donde la presencia de habitantes de calle ha generado alarma entre padres y docentes. En respuesta, el secretario de Educación, Camilo Pinto, anunció, en Radio Guatapurí, la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar acciones que garanticen la seguridad de los estudiantes y el bienestar de esta población vulnerable, enfatizando la necesidad de soluciones humanitarias y no criminalizadoras.
Este escenario revela una brecha entre el diagnóstico y la acción. Aunque la administración municipal destaca jornadas de salud, prevención y caracterización, la ausencia de resultados tangibles y la postergación de la adopción de la política pública demuestran que la problemática sigue siendo un desafío pendiente. La falta de recursos y la demora en cumplir mandatos judiciales evidencian que la atención a habitantes de calle en Valledupar continúa siendo insuficiente frente a la magnitud y urgencia del fenómeno.
Por: Redacción EL PILÓN
