La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Valledupar y Fonvisocial dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, que garantiza el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado, denominado Sabana Uno, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, en 2011.
Mediante la Sentencia, las personas en calidad de invasores del lote Sabana Uno, que hoy comprende las zonas de Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte II, al noroccidente de Valledupar, fueron beneficiadas de las viviendas de interés social de la urbanización El Porvenir, al sur de esta ciudad, con el compromiso de devolver el predio privado a sus propietarios.
Así las cosas, el pronunciamiento del ente de control se dio tras hechos de alteración del orden público, el pasado 4 de agosto, cuando se llevó a cabo el proceso de desalojo por parte del Esmad a los habitantes que desde este año invaden dicha urbanización.
