La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Valledupar, Mello Castro, que establezca un espacio de diálogo con las autoridades del resguardo kankuamo del corregimiento de La Mina, para que estructuren de manera conjunta un acuerdo sobre la disposición del puesto de control que está ubicado a la entrada de dicho corregimiento.
Esta petición también fue elevada al Ministerio del Interior y a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, debido a que a la comunidad étnica se le estaría violando sus derechos fundamentales, autonomía y potestad sobre el territorio, al haberse ordenado el desmonte del retén kankuamo llamado por ellos como ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.
“La situación denunciada es un hecho lamentablemente y sistemático sobre el cual esta Procuraduría delegada en calidad de su función de prevención y advertencia, encuentra completamente fundada la preocupación de las autoridades legítimas del pueblo kankuamo, respetando su autonomía y libre autodeterminación”, manifestó la Procuraduría.
