En el país el ruido dejó de ser una simple molestia para convertirse en una conducta sancionable por la ley. Con la reciente expedición de la Ley 2054 de 2025 se dio un paso decisivo hacia la protección de la calidad acústica, regulando estrictamente los niveles de ruido en entornos urbanos, rurales y naturales. Esta norma establece responsabilidades claras para las autoridades ambientales, entes territoriales y la Policía Nacional, además contempla sanciones para quienes excedan los niveles permitidos.
Según Antonio Rudas, director de la Maestría en Gestión Ambiental de Areandina, sede Valledupar, la norma marca un antes y un después en materia de salud y convivencia ciudadana. “El objetivo principal de la ley es proteger la salud pública y el bienestar colectivo. Está demostrado científicamente que la exposición prolongada al ruido genera enfermedades físicas y mentales, y deteriora la calidad de vida tanto en humanos como en animales”, explica.
La nueva normativa, no solo refuerza el marco legal vigente, que incluía disposiciones desde la Constitución de 1991 y leyes como la 99 de 1993, sino que además otorga herramientas prácticas a la Policía Nacional para actuar ante situaciones de ruido excesivo. De hecho, ahora es posible que un agente pueda intervenir directamente para desactivar un equipo de sonido u otra fuente emisora de ruido y, si es necesario, imponer multas que podrían alcanzar hasta diez salarios mínimos diarios legales vigentes ($474.500).
