Las comunidades y sindicatos del corredor minero del Cesar se encuentran preocupados por el posible riesgo de revocatoria de la Sentencia del 14 de septiembre de 2022 mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar falló a favor de la acción de tutela instaurada por más de 14 comunidades, que venían exigiendo a la empresa Prodeco establecer una mesa para tratar el plan de cierre de las minas a las que esta empresa renunció.
La sentencia le ordena a Prodeco y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que en el próximo mes convoque a las personas y organizaciones para que participen en una mesa de diálogo en la que se presentará y discutirá el contenido del plan de cierre para determinar las obligaciones ambientales y sociales pendientes a cargo de la empresa Prodeco, debido a su renuncia, en julio de 2020, a continuar explotando las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas.
Sin embargo las comunidades, en las últimas semanas, han venido denunciando presuntas irregularidades por parte de Predeco que, según ellos, van en contra del debido proceso y las buenas prácticas judiciales.
