A través de la Ley 2307 del 31 de julio de este año,  el Gobierno nacional estableció los lineamientos para regular la gratuidad en la matrícula de los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país. 

La política de gratuidad vigente permite que las personas de estrato 1, 2 y 3 accedan a este beneficio, así como las focalizadas en el Sisbén lV, pero el objetivo es que las víctimas del conflicto armado, las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, ciudadanos con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes  bachilleres de colegios oficiales en las zonas rurales también accedan. 

FINANCIACIÓN 

El documento indica que los recursos de financiación de esta política estarán a cargo del Presupuesto General de la Nación, y autoriza a los municipios, distritos y gobernaciones la potestad de transferir recursos o cofinanciar la matrícula, según lo disponga cada ente territorial. 

Esta política pública de gratuidad en la matrícula será de forma progresiva, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, institución que  tendrá que establecer los requisitos académicos para la permanencia de los estudiantes beneficiarios y desarrollar programas para asignar apoyos de sostenimiento. 

IMPLEMENTACIÓN EN LA UPC

La ministra de Educación, Aurora Vergara, explicó que esta cartera estará reglamentando la ley para su implementación durante los próximos meses. “Tenemos 6 meses para lograrlo, esperamos que podamos garantizar las mejores oportunidades”, expresó la funcionaria. 

EL PILÓN dialogó con el rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Rober Romero, quien explicó que actualmente alrededor del 90 % de los estudiantes están beneficiados con gratuidad a través de recursos del Gobierno nacional y de la Gobernación del Cesar. 

Sin embargo, la política actual tiene muchas restricciones, afirma Romero Ramírez: “Por ejemplo, un estudiante mayor de 28 años no tiene derecho a gratuidad, tampoco una persona que vaya a cursar segunda carrera, tampoco es beneficiario quien tenga más de 10 semestres de estar en un programa o un estudiante que haya matriculado el número máximo de créditos académicos”. 

EXPECTATIVAS

Con esta nueva ley, lo que espera la comunidad académica es que ningún alumno quede excluido, es decir, “que haya gratuidad total”, reiteró el rector, quien agregó que en la alma mater aún están en proceso de matrícula, pero el promedio de estudiantes es de 15.500. 

“Estamos esperando la reglamentación por parte del Gobierno nacional y esperamos que en ella no se incluyan estas restricciones, sino que se cumpla con la apuesta de gratuidad universal”, expresó el abogado. 

“El beneficio es para los estudiantes, claro está que a la Universidad le beneficia porque reduce el índice de deserción y permite ampliar cobertura: hoy el factor económico no es una limitante para entrar a la universidad”, puntualizó el directivo.

Por Redacción EL PILÓN.