La situación del río Casacará en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, es una alerta roja para la región. A pesar de que la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) emitió el 9 de septiembre de 2025 la Resolución 201 que ordenó la suspensión inmediata de la extracción de arena y grava que realizaba el empresario Ricardo Zambrano García, y que además le impuso la obligación de restaurar el cauce natural del río, denuncias ciudadanas y evidencias recientes muestran que la actividad minera no se ha detenido.
Raúl Eduardo Díaz Silva, presidente de la Veeduría Ciudadana de Casacará, denunció públicamente con videos y fotografías la continuidad de la extracción ilegal en el río. “Las retroexcavadoras y volquetas continúan trabajando, lo que genera un profundo interrogante: ¿se está cumpliendo la medida preventiva o se está desafiando abiertamente la ley?”, afirmó Silva.
El veedor mostró cómo la maquinaria pesada sigue afectando el cauce y agregó: “El río Casacará no es solo una fuente de material de arrastre, es un patrimonio natural y un sustento para muchas familias“.
Respuesta de Corpocesar
En seguimiento a estas denuncias, Radio Guatapurí entrevistó a la abogada Brenda Paulina Cruz, jefe de la oficina jurídica de Corpocesar. Cruz explicó que, efectivamente, mediante la Resolución 201 del 9 de septiembre de 2025, se suspendieron todas las actividades de extracción en el área minera correspondiente.
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La abogada Cruz detalló que además de la suspensión, se le ordenó al empresario presentar un plan de restauración del cauce natural, con cronogramas y responsables. “El señor Zambrano presentó un cronograma ante Corpocesar, que fue remitido a la Alcaldía de Codazzi para su vigilancia. La alcaldía debe verificar que se cumplan estas actividades en las fechas establecidas”, afirmó la funcionaria.
Al preguntarle sobre la evidencia reciente de retroexcavadoras y camiones en el cauce, Cruz manifestó que corresponde a la alcaldía realizar la supervisión directa y aseguró que Corpocesar está en constante coordinación con autoridades municipales y de seguridad para que se cumpla la suspensión.
Alcaldía de Codazzi sobre minería en río Casacará
Frente a las acusaciones sobre actividades mineras ilegales del señor Ricardo Zambrano en el río Casacará, la Alcaldía de Agustín Codazzi, en declaraciones de Samir Perico, profesional de apoyo a la gestión del riesgo y ambiente del municipio, aclaró que, aunque el licenciamiento ambiental y la suspensión de actividades la otorga y gestiona Corpocesar, es responsabilidad municipal ejercer la vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas. “Nosotros estamos haciendo vigilancia de control para que esos trabajos no se realicen sin la previa autorización de Corpocesar”.
Respecto a la continuidad aparente de actividades con maquinaria pesada, la Alcaldía indicó que al detectarse estas acciones, se actuó a través de la inspección municipal junto con la fuerza pública para detener temporalmente las labores y retener los equipos de manera preventiva. Sin embargo, aclararon que el levantamiento de cualquier suspensión depende exclusivamente de la autoridad ambiental. “El señor Zambrano debe presentar un plan de recuperación ambiental y cronograma que Corpocesar debe aprobar antes de que él pueda volver a operar“, resaltó el funcionario.
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Finalmente, la Alcaldía manifestó que el daño al río Casacará es una problemática histórica de más de 20 años debido a sus características naturales de arrastre de material. Por ello, se anunció la próxima implementación de un programa integral de recuperación hídrica en el municipio, que incluirá reforestación, capacitaciones comunitarias y acciones conjuntas con la ciudadanía para preservar y restaurar la cuenca. “Esto no solo es tarea de la administración actual, sino un compromiso a largo plazo para proteger los recursos hídricos y garantizar el bienestar de todos los habitantes”.
Desobediencia institucional
Raúl Eduardo Díaz Silva destacó la falta de acción efectiva en el terreno: “Mientras la autoridad ambiental dicta medidas, parece prevalecer la desobediencia y la inacción institucional. La comunidad no entiende de competencias administrativas, lo que ve es que el río sigue siendo destruido y nadie pone freno a una actividad suspendida”.
La problemática ha generado un reclamo generalizado: se exige que la Alcaldía cumpla su deber, que la policía apoye los controles y que Corpocesar garantice que sus decisiones no queden en letra muerta. “Cuando se destruye un río, no solo se pierde agua y biodiversidad, se compromete el futuro de un pueblo entero”, concluyó Silva.
La comunidad insiste en que el río Casacará merece protección y políticas claras para evitar la devastación y asegurar la recuperación de un ecosistema vital para la región. La situación deja en evidencia la falta de coordinación entre entidades municipales y departamentales, así como la responsabilidad compartida entre entidades para proteger el patrimonio natural y social local.
Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
