Desde que inició la construcción de la segunda calzada Valledupar-La Paz, la veeduría ciudadana y esta casa editorial han advertido que el proyecto quedaría incompleto por la ausencia —por falta de recursos— del puente sobre el río Cesar. Esto, debido a que el contrato suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y la unión temporal VLP solo contempla la ejecución de 6,6 kilómetros de carretera nacional por $62.400 millones.
La ejecución actual contrasta con la de la primera calzada, en sentido La Paz-Valledupar, que comprendió cerca de 9 kilómetros, incluyendo el puente Rafael Escalona y la vía urbana del barrio San Fernando, en Valledupar. Por ello, este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció que solicitó un informe al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad responsable del proyecto, sobre los fundamentos técnicos y jurídicos que motivaron la exclusión del puente.
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“Así mismo, verificará si existe convenio entre ese organismo y la Alcaldía de Valledupar para completar el tramo urbano no incluido en el contrato en ejecución. El control preventivo busca evitar que el proyecto no sea funcional y/o operativo”, dice el comunicado del ente de control.
Mesa de trabajo
Durante una mesa de trabajo con las entidades involucradas, la Procuraduría también expresó observaciones sobre el separador central de la vía —cuestionado por los veedores por su “riesgoso” tamaño— y sobre la extensión del proyecto, advirtiendo un posible detrimento patrimonial, como también lo señaló la Contraloría General de la República.
“Durante la mesa de trabajo, Findeter asumió el compromiso de entregar un informe técnico sobre el separador, el puente y la extensión de la vía y compartir las decisiones judiciales relacionadas con el proyecto. El ente de control continuará ejerciendo control preventivo para evitar que el proyecto se convierta en un elefante blanco pues se afirma por Findeter que la obra es funcional en su estado actual, pero tiene unos presuntos faltantes y adicionalmente, existen preocupaciones técnicas y sociales sobre la seguridad vial”, resaltó la entidad.
Sobre los recursos
En un debate de control político realizado en junio en la Asamblea del Cesar, el gerente de Transporte y Movilidad de Findeter, José Luis Cala, explicó que el contrato contemplaba inicialmente $70.000 millones, de los cuales $62.492 millones fueron destinados a recubrimiento y $5.720 millones a interventoría. No obstante, tras revisar los diseños, el costo actualizado del proyecto ascendió a $120.000 millones.
Ante esto, Findeter consultó a Invías cómo proceder, dado que solo el puente cuesta alrededor de $35.000 millones y requiere licencia ambiental, y la decisión de Invías fue priorizar la doble calzada adosada de 6,6 kilómetros de vía. Así, en mayo de 2024 se modificó el contrato para avanzar con los recursos disponibles en esta etapa, mientras se gestionan recursos adicionales para completar el resto del proyecto.
Gestión de los recursos faltantes
En el citado debate, varios congresistas del Cesar anunciaron una gestión conjunta ante el Gobierno nacional para asegurar la financiación necesaria y garantizar la culminación completa de esta obra estratégica para la región.
“Los recursos que se necesiten, como lo hemos hecho en otros escenarios, vamos a estar listos para gestionarlos ante el Gobierno nacional”, declaró el representante Eliécer Salazar, anunciado la discusión en el nuevo período legislativo que inició el 20 de julio. También estuvieron los senadores José Alfredo Gnecco e Imelda Daza, pero hasta ahora no se conocen detalles de la gestión.
