La administración municipal de La Jagua de Ibirico manifestó su preocupación por un fallo emitido por el Consejo de Estado, el cual establece que las empresas que quieran desarrollar actividades mineras en ese territorio deben primero realizar una consulta previa con los indígenas yukpa, quienes reclaman una zona de la reserva forestal de la serranía de Los Motilones y 100.000 hectáreas de dicho municipio.
De acuerdo con el alcalde de La Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, el fallo lo conoció el pasado domingo, y desde entonces en el municipio se ha arraigado una profunda preocupación debido a que la orden del Consejo de Estado disminuye las posibilidades de que empresas lleguen a ese territorio a invertir en la minería, fuente económica primordial de ese municipio.
Señaló que es muy poco probable que inversionistas se atrevan a retomar las actividades mineras que anteriormente realizaba la multinacional Prodeco, porque el fallo les ordena que antes de realizar alguna actividad deben solicitarles permiso a los yukpas y “eso dificulta más las cosas y agrava la situación económica del municipio”.
