El 15 de febrero, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Valledupar la implementación de la política pública para la población habitante de calle. Sin embargo, esta desatención no es nueva y data desde el gobierno del alcalde anterior donde se hicieron intentos y avances en la creación de esa política pública, pero no se concretaron. Además, desde el 4 de octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular que solicitaba tanto al municipio como al departamento atender a dicha población.
La Defensoría del Pueblo, en ese entonces liderada por José Rafael Hernández Peñaranda, había denunciado la falta de atención y protección a los habitantes de calle, señalando que las respuestas del municipio y el silencio del departamento ante sus solicitudes de información evidenciaban una desprotección de los derechos de dichas personas. Según el documento judicial, la Defensoría solicitó la creación o habilitación de hogares de paso o centros de atención con condiciones sanitarias mínimas, así como la elaboración de una ruta de atención integral.
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