El 12 de febrero de 2026 el Consejo de Estado hizo lo que el Gobierno debió hacer desde el primer día: mirar el expediente con los pies en la Madre (Tierra). Y el resultado fue una sentencia que no admite maquillaje: declaró la nulidad total del Decreto 1500 de 2018, ese acto irresponsable con el que se pretendió “redefinir” la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y convertirla en una especie de polígono todopoderoso con efectos prácticos sobre ciudadanía, municipios, proyectos, propiedad y ordenamiento territorial; y que en su momento se avisó sobre las exageradas limitaciones y excesos funcionales que este traía, en beneficio de las comunidades indígenas sobre los entes territoriales.
Que nadie se equivoque: esta decisión no es un “no” a los pueblos indígenas. Es un “no” al Estado cuando cree que puede ordenar un territorio ancestral sin cumplir los mínimos del debido proceso administrativo. Es un “no” a la arrogancia normativa: decretar primero y explicar después. Y es, también, la confirmación de lo que vengo advirtiendo desde mi columna ‘La delgada línea negra’: mientras Colombia no se tome en serio la expedición de la ley estatutaria que ponga reglas claras y democráticas a la consulta previa, seguiremos condenados al choque permanente entre derechos.
La sentencia se sostiene sobre tres razones que pesan más que cualquier discurso: (i) falsa motivación por ausencia de insumos esenciales; (ii) expedición irregular por desconocer la consulta previa a comunidades afectadas distintas a los cuatro pueblos; y (iii) participación ciudadana frustrada porque el proyecto se publicó “sin anexos” decisivos, especialmente cartografía y el llamado Documento Madre; el cual, es considerado como una especie de Biblia sobre la cosmovisión de los 4 Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
