Informe de la JEP revela exhumación de 282 restos óseos en Valledupar, con 108 de interés forense remitidos a Medicina Legal para identificación y búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
Entre el 8 y el 10 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia en Valledupar para presentar los avances en la investigación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Unidad de Investigación y Acusación dio a conocer los resultados de una diligencia forense realizada en el Cementerio Jardines del Eccehomo, donde se recuperaron 282 contenedores con restos óseos, presuntamente vinculados a víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Daniela Stefania Rodríguez Sanabria, representante legal del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y de varias familias ante la JEP, destacó a EL PILÓN la importancia de la medida cautelar decretada sobre el cementerio. “En 2024 se llevó a cabo la exhumación de cerca de 285 cuerpos en una de las fosas, de los cuales aquellos que coincidían con las características de las personas buscadas en cuanto a sexo, edad y tipo de lesiones, fueron enviados a laboratorios para análisis. A pesar de las dificultades generadas por el deterioro de los cuerpos a causa del tiempo y la alta cantidad de restos represados en Medicina Legal, esperamos que las instituciones hagan todo lo posible para su identificación”, afirmó.
Rodríguez añadió que la desaparición forzada ha afectado a cientos de familias en Colombia y que esta medida cautelar incluye la búsqueda no solo de Carlos Alfredo Castro Aguirre, sino también de otras víctimas ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, como Wilson Arboleda, Esnel Matute, Luis Molina, entre otros. “La exhumación fue hace más de un año y aún no se ha logrado ninguna identificación. En la audiencia reciente, el aporte de los militares no cumplió con las expectativas de las víctimas”, concluyó.
Contexto y fundamentos de la medida cautelar
Según informó Jerry De Jesús Garavito Rivera, fiscal territorial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el Norte del Cesar, La Guajira y Magdalena, esta intervención responde a una medida cautelar ordenada por la sección de Primera Instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad. “Esta medida cobijó dos cementerios de Valledupar, el Nuevo y Jardines del Eccehomo”, explicó Garavito.
El fiscal detalló que la acción estuvo sustentada en varias órdenes judiciales y diligencias técnicas y forenses, que involucraron inspecciones administrativas, recopilación documental y la conformación de una mesa técnico-forense conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Investigación documental y criterios de inclusión
La investigación inicial reveló prácticas administrativas complejas, como la inhumación temporal en bóvedas por un año antes de trasladar los restos a fosas comunes, lo que dificultó la entrega digna y la localización por parte de las familias. “Muchos cuerpos aparecen en los registros institucionales como entregados, pero en realidad han sido depositados en fosas comunes sin identificación efectiva”, indicó Garavito.
Se recabó un amplio conjunto documental de búsqueda, incluyendo certificados de defunción, protocolos de necropsia, fotografías y registros de identidad parcial, que orientaron la posterior intervención forense.
Diligencia de exhumación y hallazgos en la fosa común
Durante más de diez días se trabajó en el jardín ocho, fosa nueve del Cementerio Jardines del Eccehomo, un área con varias fosas comunes donde se depositaron restos de personas no identificadas sin que se guardaran los protocolos necesarios para una recuperación futura. “Nunca hubo marcación de fecha de los hechos o número de necropsia”, explicó el fiscal Garavito.
En esa fosa se encontraron dos niveles de cuerpos con dos capas diferentes, de donde se recuperaron 282 contenedores, entendidos como bolsas con restos óseos. De estos, 108 contenedores con estructuras óseas fueron determinados como de interés forense, según informó el fiscal.
Para realizar estas diligencias se acordó con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) implementar una cadena de trabajo forense que incluyó la fijación fotográfica y una primera revisión para identificar restos que evidenciaran lesiones por proyectil de arma de fuego o rastros de necropsia médico-legal. Basados en estos criterios se realizaron la clasificación, rotulación, embalaje y recuperación de los restos óseos.
Se encontró que 145 contenedores no tenían ninguna marcación ni elemento que pudiera contrastarse con la necropsia. Otros 128 tenían alguna marcación, pero con el paso del tiempo esta se había borrado, nunca identificándose un nombre completo.
Remisión e identificación de restos
Los 108 restos óseos de interés forense fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal para su análisis. Muchos de los restos estaban deteriorados, multifragmentados y frágiles debido a su inhumación directa en tierra. Además del traslado, se remitió un listado con más de 80 nombres orientados a la búsqueda en ese cementerio, para facilitar la identificación.
De acuerdo con el informe, el trabajo forense ha priorizado 23 casos de restos que podrían corresponder en rango de edad y sexo a personas de interés. Nueve de estos casos han entregado perfiles genéticos completos, mientras que 14 han tenido un procesamiento genético inicial pero no completo debido a la dificultad que representa el estado de los cuerpos.
Compromiso con las víctimas
“Este informe era un compromiso pendiente con las víctimas, para transparentar cada una de las acciones realizadas durante este año y el anterior en respuesta a sus solicitudes. Desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estamos cumpliendo cabalmente con nuestro deber de búsqueda”, concluyó el fiscal Garavito.
Rodríguez manifestó con contundencia la reivindicación histórica de las víctimas: “Durante años han dejado claro que no solicitan favores, sino respuestas claras y justas. Cada día sin verdad ni avances en la búsqueda representa una violencia adicional que agrava su dolor”. Asimismo, hizo un llamado urgente al Estado: “Exhortamos a las autoridades a actuar con humanidad, compromiso y diligencia, como exige su responsabilidad institucional. No abandonaremos la búsqueda y exigimos que tampoco se detenga el proceso. Cada cuerpo recuperado y cada verdad esclarecida son pasos esenciales hacia la paz y la dignidad que Colombia anhela. En particular, demandamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que fortalezca la protección del Cementerio Eccehomo y redoble sus esfuerzos para encontrar la verdad. No se deben conceder beneficios a los comparecientes hasta que se localicen y reconozcan los restos de Carlos Alfredo y de las demás personas desaparecidas”.
