La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, se unió al rechazo de los 32 mandatarios departamentales contra el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica nacional.
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La medida, que incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, ha encendido las alarmas en el gobierno departamental al considerar que no solo vulnera la autonomía fiscal, sino que podría incentivar el contrabando, golpeando directamente las finanzas de la salud y la educación en la región.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) advirtió que buscar recursos para la Nación a costa de las rentas regionales es un error técnico. En el caso del Cesar, la preocupación es doble: al no ser un departamento productor de licores, sus ingresos dependen exclusivamente del recaudo por consumo legal.
Un aumento desmedido en los impuestos encarecería el producto legal, empujando a los consumidores hacia el mercado negro, un flagelo que ya le cuesta al departamento millonarias pérdidas anuales.
“No nos escucha el Gobierno nacional”
En el marco del pronunciamiento gremial, Sanjuán cuestionó por primera vez de manera pública una decisión del presidente Gustavo Petro, señalando la desconexión entre el nivel central y las regiones. “Siento yo que el esfuerzo muy superior que hacemos desde la Federación, cuando nos acompaña en la lucha contra el contrabando, es precisamente para canalizar recursos a las entidades territoriales. (Ahora) el Gobierno invade la autonomía territorial. Cuando surgen este tipo de decretos unipersonales se nota que el gobierno nos escucha poco”, señaló la mandataria.
Y agregó: “Somos los gobernadores los que enfrentamos los problemas locales. Siento que la gran decisión que estamos obligados a tomar son las acciones legales en contra de estas acciones unipersonales”.
Esta postura fue respaldada en una carta enviada al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, donde los mandatarios aseguran que el presupuesto del Estado central no puede financiarse debilitando el estado descentralizado.
A esta voz se sumó el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quien aseguró que no implementará el decreto en su territorio por considerarlo “inconstitucional”.
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Las cifras en juego
Para el Cesar, lo que está en juego es la sostenibilidad fiscal. La mayoría de los ingresos corrientes de libre destinación provienen del impuesto a vehículos, la sobretasa a la gasolina y, crucialmente, el consumo de licores y cigarrillos.
Solo en el 2025, el impuesto a las cervezas generó más de $80.000 millones de pesos, mientras que el recaudo por cigarrillos superó los $9.000 millones.
