La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una nueva demanda de nulidad electoral contra el acto que designó a Adriana Margarita García Arévalo como directora general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), pero negó la medida cautelar que buscaba apartarla provisionalmente del cargo.
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El proceso judicial inició tras la demanda interpuesta por el ciudadano Paolo Alberto Sierra Torres, quien busca anular el Acuerdo 12 del 31 de octubre de 2025, por medio del cual el Consejo Directivo de la corporación eligió a García Arévalo para lo que resta del periodo 2024-2027.
El accionante solicitó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo argumentando dos presuntas irregularidades graves. Por un lado, advirtió una supuesta violación a la prohibición de reelección (artículo 28 de la Ley 99 de 1993), al señalar que la funcionaria ya había sido elegida en el mismo cargo en dos ocasiones anteriores, las cuales fueron anuladas por el mismo Consejo de Estado.
