Marta Zorrillo ha vivido más de 60 años en el corregimiento de Llerasca, en jurisdicción de Codazzi (Cesar), uno de los núcleos poblacionales más afectados por la explotación minera de extracción de materiales de arrastre en el río Casacará. Su casa esquinera ve pasar entre 50 y 60 veces al día volquetas con la arena extraída del lecho del río por un camino destapado que pareciera que lleva hacia la selva, pero al final espera un río desviado debido a una licencia que nunca debió aprobarse.
“Yo nací aquí, en esta casa… y en la casa más arriba, donde vivía mi papá y toda la familia”, dice Marta con la voz cargada de nostalgia. Cuenta que el río antiguo les brindaba abundancia: “Nos proporcionaba pescado. Papá pescaba bocachico grande. Íbamos a un pozo llamado La Palma donde hacíamos sancocho. Papá nos enseñó a nadar ahí”. Pero ese pozo —ese símbolo y sustento de la comunidad— ya no existe. “Hace tiempo que se perdió, y ahora tenemos mucha preocupación porque parece que el agua se va a acabar de ese lado”, relata Zorrillo, uno de los habitantes más antiguos de Llerasca.
