Marta Zorrillo ha vivido más de 60 años en el corregimiento de Llerasca, en jurisdicción de Codazzi (Cesar), uno de los núcleos poblacionales más afectados por la explotación minera de extracción de materiales de arrastre en el río Casacará. Su casa esquinera ve pasar entre 50 y 60 veces al día volquetas con la arena extraída del lecho del río por un camino destapado que pareciera que lleva hacia la selva, pero al final espera un río desviado debido a una licencia que nunca debió aprobarse.
“Yo nací aquí, en esta casa… y en la casa más arriba, donde vivía mi papá y toda la familia”, dice Marta con la voz cargada de nostalgia. Cuenta que el río antiguo les brindaba abundancia: “Nos proporcionaba pescado. Papá pescaba bocachico grande. Íbamos a un pozo llamado La Palma donde hacíamos sancocho. Papá nos enseñó a nadar ahí”. Pero ese pozo —ese símbolo y sustento de la comunidad— ya no existe. “Hace tiempo que se perdió, y ahora tenemos mucha preocupación porque parece que el agua se va a acabar de ese lado”, relata Zorrillo, uno de los habitantes más antiguos de Llerasca.
Marta confiesa que nunca imaginó que la escasez del río llegaría a tal extremo, y hoy ve con tristeza un cauce menguado, especialmente en temporadas secas: “Cuando deja de llover varios días el río se seca. No tenemos agua potable, solo filtros y cloro que usamos para potabilizar la que tenemos”. A pesar de la adversidad, habla esperanzada de los esfuerzos de fundaciones locales de la asociación de palmicultores, pero alerta: “Acá abajo es donde está el problema, donde el río sufre más por la minería”.
La minería, un antes y un después
La minería formalizada en la región arrastra historias de conflictos y denuncias. Marta rechaza la extracción actual con maquinaria pesada y sin control: “No estoy de acuerdo con la minería como la están haciendo. La artesanal, si es controlada, podría ser aceptable, pero esto es devastador para el río”. Describe cómo el río “se come el terreno” erosionando riberas en épocas de verano, y cómo la comunidad sufre la pérdida progresiva de un recurso vital.
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“El 12 de agosto vinieron a socializar el proyecto, pero no nos informaron bien, no invitaron sino a los presidentes de Juntas de Acción Comunal y no hubo consulta previa ni real con la comunidad”, añade. La ausencia de un diálogo ha aumentado el rechazo local hacia la minería y las autoridades ambientales, como municipales que permiten la operación.
Líderes comunitarios
Liseth Nieves, psicóloga y líder de una Junta de Acción Comunal en el corregimiento, explica: “El río ha ido perdiendo cauce y deteriorándose. Más de 150 parceleros vivimos del río, junto a comunidades indígenas yukpa”. Resalta que no hubo consulta ni socialización con la comunidad a la hora de emitir los permisos, y que la información solo llegó cuando las máquinas ingresaron a la zona sin previo aviso.
Aún cuando los presidentes de juntas mostraron inicialmente unión en defensa del río, señala que con el paso del tiempo algunos han cambiado de postura, generando un ambiente de incertidumbre. “Yo me mantengo firme porque el río es nuestra vida. Este señor Zambrano ha venido explotando el río ilegalmente por más de 15 años sin que nada pase”, denuncia.
Liseth también comenta que la comunidad está tomando conciencia ambiental y poco a poco se adoptan buenas prácticas en el manejo del río, pero destaca que es urgente que las autoridades actúen y que la minería no destruya lo que aún queda. “Si seguimos así, en 30 años tendremos que comprar agua en tanques, como en Uribia”, alerta.
Cronología y contradicciones en el proceso de licenciamiento ambiental
La problemática actual tiene raíces en un proceso de licenciamiento ambiental con múltiples inconsistencias técnicas y administrativas. Desde la solicitud inicial de licencia temporal en agosto de 2020, Corpocesar realizó varias visitas técnicas y evaluaciones que concluyeron, en un primer informe de febrero de 2022, con una declaratoria de no viabilidad ambiental para el proyecto, principalmente por la vulnerabilidad del río Casacará y el riesgo para sus ecosistemas.
Aún así, en marzo de 2022, sin modificaciones sustanciales en el proyecto, se emitió un segundo informe técnico que otorgaba viabilidad y en pocos días se concedió la licencia ambiental temporal. Este cambio rápido y sin justificación clara generó dudas y preocupación en la comunidad y en expertos, cuestionando la transparencia y rigor del proceso.
EL PILÓN tuvo acceso a los estudios de viabilidad del proyecto minero en los que se evidencia una irregularidad notoria: el primer informe, que declaraba la no viabilidad ambiental del proyecto, y el segundo, que otorgaba esa misma viabilidad, presentan un texto prácticamente idéntico. La única diferencia es que en el segundo informe se omitió el párrafo final, donde se dictaminaba la no viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental. Esto indica que los ingenieros de Corpocesar utilizaron el mismo documento, pero eliminaron la conclusión crítica que impedía avanzar con la licencia ambiental temporal.
Entre 2022 y 2023, Zambrano solicitó la licencia ambiental global definitiva, enfrentando requerimientos jurídicos y técnicos, denuncias de la comunidad y procesos sancionatorios en su contra. A pesar de ello, en julio de 2024 Corpocesar otorgó la licencia definitiva sin que se resolviera previamente el proceso sancionatorio, lo que ha sido criticado por expertos e integrantes de la comunidad.
Los informes técnicos más recientes han detectado incumplimientos graves, como la intervención minera dentro del cauce del río, la no autorización para ocupar el cauce, y la superposición con áreas protegidas y reservas hídricas. Además, la zonificación ambiental y el análisis de impacto ambiental presentados por el titular del proyecto han sido calificados como incompletos e insuficientes por el equipo evaluador, evidenciando omisiones en la socialización con la comunidad y en la descripción de los impactos reales sobre el ecosistema y la sociedad.
Según testimonios de la comunidad, específicamente los corregimientos de Llerasca y Casacará, no fueron debidamente incluidos como área de influencia directa ni socializados conforme a las disposiciones legales y técnicas, lo cual ha profundizado el descontento y la sensación de exclusión.
Impactos sociales y ambientales que preocupan a la comunidad
Los daños ya constatados en la zona comprometen la estabilidad del ecosistema hídrico y ponen en riesgo infraestructuras vitales como el “puente amarillo”, además de afectaciones al acueducto comunitario y a los sistemas productivos que dependen del río. La profundización de las excavaciones supera los parámetros aprobados, erosionando la capa impermeabilizadora indispensable para mantener el flujo constante de agua.
En palabras de Marta Zorrillo, “el río se seca y cuando el agua falta, la vida se complica. Nos estamos quedando sin río y sin vida”, sintetizando la preocupación de cerca de 5000 habitantes.
Primer informe de no viabilidad de Corpocesar
El análisis técnico realizado por Corpocesar sobre el proyecto de extracción de materiales de arrastre en el río Casacará concluye que no se puede otorgar la viabilidad ambiental debido a la alta susceptibilidad ambiental que presenta el área. El tramo del río donde se pretende realizar la explotación presenta un cauce estrecho, poco profundo y con baja capacidad para recuperar el impacto de una intervención minera.
El informe señala que “el tramo del río objeto de la solicitud presenta condiciones de alta susceptibilidad a la erosión lateral del cauce del río y desbordamientos de sus aguas ante avenidas torrenciales, lo que pone en riesgo la estabilidad de la infraestructura pública representada en el ‘puente amarillo’ y la infraestructura productiva de particulares”.
Además, el análisis destaca que las zonas previstas para la explotación corresponden en gran parte a terrazas aluviales que están “garantizando la estabilidad del cauce del río y de los predios ribereños e infraestructura vial y productiva del sector, y que además presentan coberturas vegetales arbustivas y arbóreas, condiciones que convierten estas áreas en zonas de importancia ambiental por los servicios ecosistémicos que prestan”. Por lo tanto, intervenir estas terrazas implicaría la eliminación de estas coberturas, debilitando la estabilidad geotécnica del cauce y contraponiéndose a la necesidad de proteger el área de la erosión y desbordamientos.
El informe también enfatiza que no existen condiciones hidrológicas adecuadas para una explotación sostenible, pues “el río no presenta playas o barras laterales que evidencien una constante acumulación de materiales que garanticen la oportuna recuperación de las áreas a explotar, ni caudales que dinamicen esta recuperación”, por lo que el cauce carece de la resiliencia necesaria para soportar la actividad minera. Al contrario, el río está caracterizado por un lecho con abundante material pétreo y sobretamaño, elementos que complican aún más la explotación a cielo abierto con maquinaria pesada, situación que es “legal y técnicamente improcedente” según el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011.
Finalmente, se pone especial énfasis en que la zona de explotación se localiza en medio del abanico aluvial del río Casacará, que funciona como una importante área de recarga natural del acuífero subyacente, un servicio ecosistémico estratégico que se vería gravemente afectado por la intervención minera. El documento concluye que “ambientalmente no se considera viable otorgar la licencia ambiental temporal solicitada… debido a la alta susceptibilidad ambiental y los importantes servicios ecosistémicos que el río presta a la población”.
Desviación del río Casacará: un nuevo capítulo de conflicto
A finales de agosto de 2025, el veedor ambiental Raúl Silva Díaz elevó una denuncia pública en redes que volvió a poner en primer plano la grave situación ambiental que vive el río Casacará. Silva mostró evidencias contundentes en vídeo sobre la desviación de uno de los tramos del río, afectando aún más este recurso hídrico del municipio de Agustín Codazzi.
“Esta es una denuncia pública sobre el río Casacará en materia de medio ambiente”, afirmó Silva, señalando que la desviación del cauce no solo altera el ecosistema, sino que se realiza bajo la supervisión directa del empresario Ricardo Zambrano, titular de la concesión minera LEC-16451. Según sus palabras, “Aquí pueden ver ustedes cómo está la máquina al fondo y el canal que han hecho para desviar el río. ¿Será que él tiene permiso para hacer eso? Para este señor, ¿será que no existe la ley? Es un empresario irresponsable que actúa por encima de la normatividad ambiental”, denunció con vehemencia.
El veedor también mostró cómo la maquinaria y las volquetas atraviesan las aguas del río repetidamente, situación que genera un impacto grave sobre los suelos y la dinámica natural del cauce. “Este suelo no está para recibir estos impactos”, explicó, y exigió a las autoridades regionales una respuesta contundente: “¿Qué más evidencia requiere la Corporación Autónoma Regional de Los Andes? Responsabilizamos al alcalde de Agustín Codazzi por no hacer cumplir la ley 2387 de 2024 que le otorga competencias para prevenir estos daños, y a Corpocesar por su falta de acción efectiva”.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) se pronunció ante las denuncias a través de sus canales oficiales, confirmando una visita técnica reciente al área con expertos ambientales, acompañados por miembros de la comunidad, incluyendo al presidente de la Junta de Acción Comunal de Llerasca, Omar López. En su comunicado, Corpocesar afirmó que las actividades revisadas corresponden a un usuario con título minero vigente y licencia ambiental otorgada, insistiendo en que “actúa como garante del cumplimiento de las obligaciones ambientales, verificando que los proyectos se desarrollen de manera responsable y ajustada a la normatividad vigente”.
Estas posturas enfrentadas evidencian la profundización de un conflicto que no solo amenaza el equilibrio ecológico del río Casacará, sino que también pone en jaque la confianza de las comunidades que dependen de sus recursos para su subsistencia. EL PILÓN intentó comunicarse con el señor Zambrano para consultarle sobre los presuntos incumplimientos a los compromisos ambientales señalados en la licencia otorgada, pero no obtuvo respuesta.
La denuncia de Silva y la respuesta institucional evidencian que, mientras persisten las dudas sobre la legalidad y sostenibilidad del proyecto minero, las comunidades siguen siendo las más afectadas, reclamando un control ambiental estricto y acciones efectivas para frenar el deterioro de su entorno.
Tristeza por un río perdido
El testimonio de Marta, Liseth y otros habitantes no solo representa la tristeza por la pérdida de un patrimonio natural sino también un reclamo legítimo por respeto a sus derechos y a un ambiente sano. Reclaman mejores protocolos de consulta previa, socialización real y efectiva, y un control estricto de las actividades mineras para evitar daños mayores.
Exigen que las autoridades ambientales y mineras respondan a las evidencias de incumplimientos y sanciones vigentes, que refuercen la vigilancia de la operación minera y que impulsen procesos de restauración ambiental con la participación de la comunidad.
Además, la comunidad está dispuesta a trabajar en conjunto con instituciones y organizaciones ambientales para defender el río Casacará, promover prácticas sostenibles y asegurar el acceso futuro al recurso más vital para su vida y bienestar.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
