A las 5:50 de la mañana, cuando el cielo apenas se despeja sobre el bosque seco tropical, ya hay un niño esperando a la orilla de la vía destapada en La Vega Arriba. Su mamá lo deja allí, con el uniforme limpio, la mochila al hombro y una instrucción que mezcla fe y resignación: “Hijo, si pasa alguien, un papá con un carrito, le pido y me lo llevan”. No hay ruta escolar oficial todavía. No la hubo el año pasado en el primer mes, ni ningún año. Todo indica que este año será igual.
Gael y Antonella Barros Arrieta, mellizos cursando octavo grado, forman parte de esa tradición no escrita de estudiantes que aprenden, desde niños, a defenderse en la carretera antes que en el salón. Toda la familia, por parte de padre y madre, ha estudiado en la Institución Educativa de Patillal. Su hermana mayor, sus primos, sus vecinos: todos han conocido el mismo suplicio de conseguir cómo llegar y regresar del colegio.
En Valledupar, la situación de Patillal, La Vega Arriba, Río Seco y Atánquez no es una excepción, sino el reflejo de una estructura mucho mayor: las 47 instituciones educativas oficiales de la capital del Cesar agrupan 62 sedes urbanas y 121 rurales, donde cada inicio de calendario escolar se repite la misma escena, sin transporte escolar ni programa de alimentación, aunque la Institución Educativa de Patillal empezará a ofrecer alimentación desde el 2 de febrero a sus estudiantes.
