La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió este lunes, 19 de enero, una sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población wayuu y otras comunidades en el departamento de La Guajira.
La decisión judicial responde a los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, que documentó el accionar violento de las estructuras bajo su mando entre los años 2002 y 2006.
Según el fallo, los crímenes fueron perpetrados por hombres del denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Siguiendo lineamientos de cabecillas como Mancuso, este grupo armado ejecutó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y actos de violencia basada en género. Este frente, creado en marzo de 2002 con 150 integrantes, permitió la expansión paramilitar hacia las zonas media, alta y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Una condena de 40 años de prisión
Entre los eventos esclarecidos se destaca la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. Durante este ataque, varios indígenas fueron sometidos a maltratos físicos por cuatro horas, mientras que sus bienes de subsistencia y elementos simbólicos, como chinchorros, mochilas y mantas, fueron destruidos o hurtados. Asimismo, se le atribuyó el homicidio de dos indígenas en la ranchería Kepischon, registrado el 17 de marzo de 2002.
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Mancuso Gómez recibió una condena principal de 40 años de prisión, acompañada de una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo. No obstante, el fallo aclara que podrá acceder a la pena alternativa de 8 años de prisión, conforme a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando cumpla con los compromisos de verdad y reparación establecidos en la sentencia.
Finalmente, el Tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas afectadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas en Riohacha, en un esfuerzo por resarcir los daños causados por el conflicto armado en esta zona del país.
