La situación de orden público en torno a los afiliados de Nueva EPS se agudizó esta semana con una serie de agresiones y amenazas contra funcionarios de IPS y gestores farmacéuticos en Medellín, Ibagué y Bogotá, lo que llevó a la entidad a advertir sobre posibles cierres temporales de servicios de entrega de medicamentos. En medio de la crisis de transición entre operadores farmacéuticos, los trabajadores del sector denuncian violencia física y verbal que pone en riesgo no solo la continuidad del servicio, sino la integridad del personal de salud.
La crisis que atraviesa Nueva EPS a nivel nacional tiene un capítulo especialmente crítico en el departamento del Cesar, donde organizaciones de usuarios advierten un “riesgo inminente” para la continuidad y calidad de los servicios de salud. En una carta enviada al interventor de la entidad, Luis Óscar Gálvez Mateus, la delegada regional de usuarios en el Norte, María Esperanza Arias Callejas, alertó sobre decisiones contractuales que podrían dejar sin atención adecuada a miles de afiliados en la región Caribe, incluido el Cesar.
Alarmas por cambios de operadores y riesgo en la atención
En el documento, fechado en Valledupar el 5 de febrero de 2026, Arias expresa su “creciente preocupación” por las recientes decisiones en la contratación de servicios, especialmente en la red de Atención Primaria en Salud y la operación de medicamentos. La lideresa de usuarios recuerda que en semanas anteriores ya se habían vivido traumatismos severos por la salida improvisada de operadores como Colsubsidio y la suspensión de servicios de Éticos Serrano en la región Caribe por falta de pago.
“En ambos casos, la puesta en marcha apresurada de prestadores sin la experiencia, infraestructura ni solvencia necesarias, produjo afectaciones directas a los usuarios y pacientes, quienes están enfrentando barreras reales y significativas para acceder a tratamientos, citas con especialistas y terapias fundamentales”, advierte.
La carta sostiene que decisiones adoptadas “sin un adecuado análisis técnico ni una planificación rigurosa” ponen en riesgo la salud y la vida de más de once millones de afiliados de Nueva EPS, con impacto directo en los usuarios del Cesar.
Un creciente malestar ciudadano
El descontento de los afiliados con el sistema de salud ha sido evidente. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, el 2025 cerró como el año con más quejas en el país: 2’048.435 reclamos, equivalentes a un aumento del 27,6% frente al 2024. Esto significa que los colombianos presentaron, en promedio, más de 5.600 quejas diarias, principalmente por demoras en citas médicas, entrega de medicamentos y autorizaciones.
La presidenta de las asociaciones de usuarios de Nueva EPS, consultada tras conocerse los incidentes, afirmó que “los afiliados están desesperados y sienten que no se les escucha, pero la violencia no puede ser una respuesta. Se necesitan canales eficaces de comunicación y atención”.
Llamado al diálogo y la corresponsabilidad
Nueva EPS reiteró que, con el apoyo de las instituciones competentes, continuará trabajando para restablecer plenamente la entrega regular de medicamentos y evitar nuevos hechos de violencia. La entidad insistió en que las agresiones solo profundizan la crisis del sistema de salud, que ya enfrenta una de sus mayores olas de insatisfacción en los últimos años.
“Seguimos ajustando planes de contingencia en diferentes zonas del país para garantizar el servicio, pero necesitamos respeto y colaboración de todos los usuarios”, concluyó el comunicado. Mientras tanto, el personal de IPS y gestores farmacéuticos pide mayor protección y acompañamiento institucional para continuar cumpliendo con su labor sin temor a represalias.
Preocupación por salida de IPS de trayectoria en la región
Uno de los puntos más sensibles para el Cesar y la región Caribe es la posible exclusión de IPS con años de trabajo articulado con Nueva EPS. Arias señala que existen indicios de que la población sería trasladada a instituciones “con poca o nula trayectoria; sin infraestructura suficiente, sin capacidad instalada demostrable y con riesgos financieros no aclarados”.
“De materializarse, ello pondría en riesgo inminente la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y los resultados en salud construidos durante años. No se puede jugar con la salud de los usuarios y pacientes”, enfatiza la representante de usuarios.
La misiva también recuerda antecedentes en otros territorios, como La Guajira, donde la terminación de contratos con IPS de larga trayectoria —menciona el caso de CECAM— derivó en la contratación de operadores con “pésimos indicadores en salud”, lo que habría generado retrocesos importantes en los resultados y dejado a poblaciones del régimen subsidiado sin atención adecuada o dependiendo de entidades públicas sin suficiente capacidad.
Llamado a decisiones técnicas, no políticas
La presidenta de la Asociación de Usuarios del Cesar cuestiona además que, en un contexto de alta siniestralidad y pérdidas financieras, exista la intención de contratar con la red pública por valores “significativamente mayores”, aun cuando esta no siempre tiene la capacidad resolutiva suficiente. Según advierte, esta práctica podría agravar el déficit financiero y, al mismo tiempo, disminuir la calidad del servicio recibido por los usuarios en el Cesar.
“Las decisiones sobre la red de prestación deben responder exclusivamente a criterios técnicos, financieros y de seguridad del paciente, y no a dogmas políticos, intereses particulares propios de la coyuntura electoral o presiones regionales”, reclama Arias en el documento enviado a la interventoría de Nueva EPS, la Supersalud, el Ministerio de Salud, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Usuarios piden reevaluar contratos y proteger modelos que funcionan
Como cierre, la representante de usuarios solicita que se reevaluén los procesos de asignación de operadores e IPS, “privilegiando la permanencia de instituciones que han demostrado cumplimiento, calidad, capacidad operativa y resultados verificables durante todos estos años”. A su juicio, el país necesita que, en el marco de la intervención de Nueva EPS, se tomen decisiones que fortalezcan la red y no que aumenten el riesgo para los usuarios, en particular en departamentos como el Cesar.
Arias se declara dispuesta a participar en espacios de diálogo “que contribuyan a la defensa del derecho fundamental a la salud y a la continuidad de servicios seguros, oportunos y de calidad”, mientras miles de afiliados en el Cesar siguen a la expectativa de que la entidad garantice estabilidad en sus redes de atención y acceso efectivo a citas, medicamentos y tratamientos.
