El departamento del Cesar enfrenta una creciente crisis migratoria debido al significativo flujo de venezolanos que han buscado refugio en esta región, donde más de 7.000 se encuentran en situación irregular. A corte del 24 de julio, Migración Colombia estima que hay 69.831 migrantes venezolanos en el departamento, de los cuales solo 54.402 cuentan con estatus migratorio regular. Esta situación genera retos en cuanto a regularización, integración social y acceso a servicios básicos.
El panorama migratorio en el Cesar fue abordado durante la Primera Mesa de Coordinación Departamental de Asuntos Migratorios, convocada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, con participación de representantes de ACNUR, Ministerio del Interior, Procuraduría, las alcaldías de La Jagua de Ibirico, Aguachica y Valledupar —los tres municipios con mayor presencia de migrantes venezolanos—, así como organizaciones de cooperación internacional como AHF y Mercy Corps, la Universidad Popular del Cesar y diversas instituciones.
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Cabe destacar que la Gobernación del Cesar no convocó a organizaciones de migrantes radicadas en el territorio, como Funvenez, Liberando Fronteras, Red Pana, Funmupaz y Fundausta, las cuales han trabajado de la mano de la Defensoría del Pueblo seccional Cesar.
El subregistro, principal problema
La representante de ACNUR explicó con claridad uno de los principales desafíos: “la población adulta no tiene mecanismos para regularizarse, solo los menores de edad escolarizados […] demanda voluntad, demanda energía, demanda una Secretaría de Educación, abogados, directores escolares […] es un trabajo bien tedioso”.
Pese a las dificultades, enfatizó la importancia de continuar el esfuerzo, señalando que “detrás de ese niño hay una garantía de derechos importantes […] Si es lo único que podemos hacer en este momento, hagámoslo”. Aseguró que la regularización permite que “un niño que se enferme tenga acceso al sistema de salud”, lo que representa una ganancia social invaluable.
Cooperación internacional y limitaciones de recursos
En la mesa interinstitucional se denunció que la cooperación internacional ha sufrido una fuerte reducción de personal y recursos desde el inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, lo que afectó directamente el financiamiento de entidades clave como USAID.
Esta situación ha provocado la salida de “más de 1.000 profesionales altamente calificados que han quedado sin empleo”, advirtieron en la reunión, lo que limita considerablemente la capacidad de respuesta integral ante la emergencia migratoria en Colombia. Además, se resaltó que “la inversión en cooperación internacional en Colombia es muy baja, teniendo un fenómeno migratorio tan grande”, evidenciando una brecha entre la demanda local de atención y el apoyo externo disponible.
Migración en los municipios del Cesar
Desde los municipios, los alcaldes aportaron un panorama que exige atención urgente. El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, destacó: “Tenemos 4.000 migrantes regularizados, pero hay muchos más que faltan por regularizar […] queremos que se busque una ruta, un apoyo por parte de los entes departamentales y los entes internacionales de cooperación”.
Denunció además la discriminación que enfrentan muchas personas migrantes: “Las personas migrantes […] son discriminadas. Las mujeres, muchas veces, en el pasado fueron discriminadas […] pero vienen a trabajar dignamente a nuestro país”.
El secretario de Gobierno de Aguachica también hizo un llamado a la atención sobre el sur del Cesar, “municipios al sur que superan casi los 15.000 personas venezolanas”, señalando la reducción de recursos: “Teníamos un punto de atención de Migración Colombia que ya no está en la ciudad” y solicitó “que pongan los ojos sobre el sur del departamento”.
Compromisos a tres meses
La Gobernación del Cesar se comprometió a incluir a las organizaciones inmigrantes consolidadas en la próxima convocatoria de la Mesa de Coordinación Departamental de Asuntos Migratorios para fortalecer su participación y representación. Además, asumió la realización de jornadas integrales de sensibilización y regularización en municipios prioritarios como Aguachica y La Jagua de Ibirico, con el objetivo de reducir el número de migrantes en situación irregular para la fecha de la próxima sesión en octubre.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto para articular recursos y garantizar un trato digno y respetuoso hacia la población migrante, alineándose con la hoja de ruta del Plan de Desarrollo y las políticas públicas del departamento.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
