En la Universidad Popular del Cesar, UPC, todo se complica a causa de la escogencia del nuevo rector que reemplazará a Enrique Meza Daza, pues por un lado el presidente del Tribunal de Garantías, Reinaldo Ochoa, renunció, y por el otro varios de los candidatos inadmitidos anunciaron que demandarán el proceso.

Aduciendo que está viciado, demandarán el proceso de elección de rector Baldomero Rosado Quintero, Francisco García Payares y Luis Caballero Freyte, éste último que fue admitido, pero que ha visto presuntas irregulares en el mismo.
Rosado Quintero y García Payares fueron inadmitidos porque aun cuando presentaron el certificado de vecindad este no decía el tiempo que llevan viviendo en el Cesar, cosa que no era necesaria a voz de estos, toda vez que llevan más de 15 años laborando para la UPC, por lo que no tenían por qué aportar unos documentos que reposan en esa alma mater.

“Vamos a demandar porque se violó el principio de publicidad, en el artículo 3 del Acuerdo 038 de 2004 dice que ya recepcionadas las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos, se deben subir a la página web de la Universidad para que toda la población lo consulte, toda la población académica tiene el derecho a mirar su hoja de vida, cuál es, qué propone, y hasta el momento eso no se ha hecho”, dijo Rosado Quintero.

De igual modo aseguró que el proceso está viciado, porque hay una norma estructural en la Universidad sobre el proceso eleccionario y si algunos de esos puntos no los cubre a cabalidad ya está viciado.

Aseguró además que el hecho de inadmitirlo por el certificado de vecindad no tiene ningún soporte jurídico: “Porque la ley antitrámites dice que los documentos que reposan en la misma universidad y que sirvan de prueba para emitir un concepto sobre residencia y sobre tiempo, la universidad para qué los pide si ya los tiene y ya sabe que soy docente de la misma universidad, que los contratos que he firmado tienen la misma dirección, que he servido durante 17 años y que siempre he convivido en el espacio universitario dentro de la UPC, entonces no tiene sentido inadmitir unos candidato por ese tema”.

Dijo además que la decisión de que los candidatos solo sean del Cesar es inconstitucional, porque no se puede vetar a un ciudadano para que sea rector de la misma por no ser de este departamento.

Entre tanto, el candidato Luis Caballero Freyte, que sí fue admitido, pero que ha visto vicios en la elección, explicó que a la fecha la UPC no ha hecho ninguna publicación de cómo se escogió o qué universidad fue escogida para el desarrollo de la consulta virtual.
“Los egresados no han podido inscribirse de manera formal, el programa no permite que se modifiquen los correos, la prueba piloto (simulacro) la van hacer en el momento que se está desarrollando proselitismo político; no me parece procedente que la Universidad escoja una universidad a dedo que no sabemos quién la escogió, que la escogió a dedo, que la escogió el ejecutivo y que el ejecutivo tiene candidato a la rectoría, porque el rector tiene candidato a la rectoría”, dijo Caballero Freyte.

Francisco García Payares, quien también afirmó que demandará, dijo que el proceso tiene muchos vicios, porque fue violentado el Acuerdo 038 de 2004 que rige el proceso. Además que el Tribunal de Garantías, que debe ofrecer garantías, no ofrece nada.

“El Tribunal de Garantías debe garantizar a cada uno de los miembros que nos inscribimos nuestra participación en la convocatoria y por el contrario nos está excluyendo diciendo de que todos nosotros no tenemos cinco años de vivir en el departamento del Cesar cuando tenemos más de 20 años de venir trabajando con la Universidad Popular del Cesar”, dijo García Payares quien interpuso su recurso de reposición con subsidio de apelación por haber sido inadmitido.

De los 17 que se inscribieron, ocho fueron inadmitidos y según García Payares ya hay voces callejeras que dicen que no serán admitidos, a pesar de haber interpuesto todos recursos de reposición.

INTERVENCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL

Otro de los que fue inadmitido, y quien pidió a los órganos de control hacerse parte activa de este proceso, fue el exrector y candidato a repetir, José Guillermo Botero Cotes, quien dijo que lo que está ocurriendo puede ser el punto de quiebre de la poca credibilidad que le queda a esa alma mater en el evento de que un cuerpo colegiado que se reúne cada cuatro años como lo es el Tribunal no corrija sus yerros.

“No queremos pensar que estarían admitiendo a candidatos sin los requisitos de fondo y para ello lanzan esta cortina de humo, inadmitiendo a profesores con bastante antigüedad para admitir a personas que de verdad no cumplen los requisitos”, afirmó Botero Cotes.

El exrector, quien ya presentó su recurso ante la Universidad, dijo que es profesor catedrático desde el año 2002 y desde el 8 de septiembre de 2010 lo nombraron profesor provisional, de tiempo completo, con cuarenta horas semanales de carga académica en el programa de derecho, y sigue con la misma carga y nombramiento actualmente.

De igual modo, mencionó su experiencia como rector, por lo que calificó como un despropósito inadmitir su inscripción como candidato a la rectoría: “Por ello propongo públicamente al Tribunal de Garantías Electorales que corrija su yerro y en lugar de inadmitir mi inscripción proceda a la admisión que en ley y acuerdos de la Universidad Popular del Cesar me corresponde”.

RENUNCIÓ PRESIDENTE

Las cosas se tornan de claro a oscuro en la Universidad Popular del Cesar, toda vez que el presidente del Tribunal de Garantías, Reinaldo Ochoa Torres, renunció, según conoció EL PILÓN, porque vio irregularidades en el tema de las admisiones, por lo que prefirió hacerse a un lado.

“Renunció porque no estaba de acuerdo con lo que están haciendo en el Tribunal que debería garantizar los derechos de los inscritos y no lo está haciendo, ahora quedó el secretario que estaba ad hoc como presidente”, dijo la fuente.

Ochoa Torres manifestó a EL PILÓN que renunció a la presidencia del Tribunal por razones estrictamente profesionales y personales.

Es así como la presidencia del Tribunal está a cargo de Wilmer Aguirre Domínguez, secretario ad hoc.

Por: SANDRA SANTIAGO B/ EL PILÓN
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