Este lunes 02 de agosto, diputados y congresistas del Cesar lideraron una audiencia pública para buscar salidas para el Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec. Durante el evento participaron trabajadores y sindicatos, además de los congresistas Christian José Moreno y Antonio Sanguino, y los diputados del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta y Quintín Quintero.

En primer lugar, los panelistas hicieron un balance de la situación. “Hoy para salvar al Rosario Pumarejo del estancamiento se requerirían $35.000 millones de pesos. Para salvar al Idreec, por lo menos, serían necesarios $5.000 millones. El año pasado, en el mes de julio de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud realizó una auditoría, de la cual surgieron 94 hallazgos que dan cuenta de posibles irregularidades”, comentó la diputada Claudia Margarita Zuleta.

Señalaba la auditoría que en el Rosario Pumarejo se contrata personal que no se necesita, sin estudios previos que lo sustenten; que la supervisión de los contratos es deficiente, y por eso el Hospital paga lo no debido; demostró que falta idoneidad en parte del personal contratado; incrementos injustificados en la compra de medicamentos, entre otros hallazgos fiscales. 

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En segundo lugar, el diputado Quintín Quintero habló de la preocupante situación del Rosario Pumarejo. “En lo corrido de la vigencia 2021, la entidad ya está arrastra un déficit presupuestal de $37.057 millones. Y es que la ESE Rosario Pumarejo de López inicia con deficiencia desde el momento de la aprobación del presupuesto, que no lo estiman con la base en el reconocimiento del año inmediatamente anterior, como lo establece el artículo 128 de Ley 1949 de 2018”, sostuvo el diputado Quintín Quintero. 

En su informe, el diputado explicó que durante el 2020, la ESE estableció compromisos por valor de $98.477 millones, de los cuales pagó $59.231 millones, arrojando cuentas por pagar de $39.246 millones. 

Parte de ese déficit surge de los ingresos totales presupuestados, totalmente lejos de lo recaudado. En el 2020, los ingresos totales presupuestados fueron $118.719 millones, mientras que solo se recaudaron $66.886 millones. 

En la audiencia también participaron los trabajadores y sindicatos relacionados a la empresa. “Es conocido el cobro de cuotas porcentuales para mantener contratos de orden de prestación de servicios. Existe el temor a ser vetados por alzar la voz, lo que obligaría a emigrar a otros departamentos”, señaló Adela Flórez, presidenta de la Sociedad Cesarense de Anestesiología y Reanimación.

“Las entidades de salud no son ruedas sueltas, como quieren hacer creer, violando todos nuestros derechos. Hay compañeros que tenían más de 20 años trabajando y fueron sacados. Todo lo hacen para hacer creer que son los trabajadores los que tienen la culpa”, indicó Ana Rodríguez, del Sindicato Nacional de Salud.

Por su lado, el senador Antonio Sanguino habló de responsabilidades. “Hay cuatro tipo de responsabilidades que debemos señalar. Hay una responsabilidad que le corresponde a la Gerencia. Ya se han dicho todas las normas que han sido violadas en el hospital  y en el Idreec; violación en la planeación del presupuesto; son violaciones que requieren investigaciones. También hay responsabilidad de las EPS, en particular por la violación a la Ley 1122 que obliga a que las EPS contraten con la red pública los servicios del régimen subsidiado y contributivo”, inició.

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Y agregó: “También hay responsabilidad del Ministerio de Salud: cómo así que el Ministerio, de manera inexplicable, se comporta como un espectador pasivo de lo que ha venido pasando en la salud del departamento. El grupo político del señor gobernador lleva gobernando este departamento desde hace 10 años. Ellos tienen una responsabilidad política”.

PROPUESTAS

Dentro de la audiencia también se presentaron propuestas. La principal consistió en la aplicación de un plan de saneamiento fiscal, reorientando recursos por parte del departamento con el fin de cubrir las acreencias de mayor vulnerabilidad para la institución. 

Además, al igual de lo que se planteó en la mesa de hace dos semanas entre el gobernador y autoridades nacionales, se habló de la posibilidad de un proceso de reestructuración de pasivos.

Por: Redacción EL PILÓN