La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva a cabo los días 24 y 25 de julio en Valledupar, Cesar, una Audiencia Pública de Verificación en el marco del juicio dialógico contra 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa. Estos exintegrantes han reconocido su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, un caso que revela una práctica sistemática conocida como “falsos positivos”, cometida entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
Más allá del proceso judicial y la justicia transicional, uno de los aspectos centrales fue la voz de las víctimas, que demandan verdad plena, justicia, reparación integral y el derecho a cerrar un ciclo de dolor que, en muchos casos, lleva más de dos décadas.
Voces de las víctimas: el luto que no termina
Entre las intervenciones más conmovedoras destacó la de Karen Castro Aguirre, hermana de Carlos Alfredo Castro Aguirre, asesinado el 30 de junio de 2004.
En representación de las familias que aún esperan justicia, expresó con sentido y fuerte indignación: “Mi nombre es Karen Castro Aguirre. Llevo 21 años de luto, un luto que no ha podido cerrarse, igual que el de muchas familias que están muertas en vida. No es por esta audiencia que visto de negro, sino por la ausencia que todavía cargamos. Lo que han aceptado ustedes no ha cumplido con nuestras expectativas de verdad ni de reparación”.
Karen señaló con dolor la lentitud y la insuficiencia en la búsqueda, exhumación e identificación de los cuerpos: “Se extrajeron 287 cadáveres en la primera fase, pero a un año no tenemos resultados de la identificación de un solo cuerpo. No es justo para mí, para mis hermanos ni para la memoria de mi madre, que murió en este proceso. Seguimos esperando el cierre a un duelo eterno, a un duelo sin cerrar”.
Además, hizo un desgarrador llamado para que se entienda la dimensión del dolor de las víctimas, no solo por la pérdida física, sino porque fueron víctimas del propio Estado: “Nosotros no somos víctimas comunes de grupos armados al margen de la ley. Somos víctimas del Estado, de ese Estado que debía protegernos y no lo hizo. Mi hermano no perdió la vida, se la quitaron. La voz que hoy levanto es para exigirles su verdad completa, porque estamos hartos de ‘verdades justificadas’ y de que se presenten ustedes como víctimas más que nosotros”.
El contexto judicial y la naturaleza de la audiencia
Este juicio dialógico hace parte del Subcaso Costa Caribe – Caso 03, en el que inicialmente 15 militares fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. De ellos, 12 han reconocido su responsabilidad y aceptado someterse a la justicia transicional en la JEP, mientras los otros tres enfrentan procesos ordinarios.
La audiencia pública es un paso previo a la imposición de sanciones denominadas “propias” que, a diferencia de penas privativas de libertad, pueden incluir proyectos de reparación en las comunidades afectadas. La magistrada Ana Manuela Ochoa aclaró: “Esto no es una justicia para cumplir sanciones en una cárcel. Algunos de los proyectos se deben hacer en los territorios, con la participación de víctimas y comparecientes, y es importante escuchar antes de imponer sanciones para garantizar las condiciones de seguridad y la voluntad de las partes”.
La participación directa de las víctimas, con espacios para expresar sus necesidades y condiciones, refleja el enfoque dialógico y restaurativo que busca transformar el dolor en compromiso colectivo para que estos crímenes no se repitan.
El llamado urgente desde las víctimas
El testimonio de Karen Castro trasciende la estadística y el proceso jurídico para poner en primer plano el sufrimiento humano y la necesidad urgente de verdad completa: “Mi hermano tenía 21 años y muchos sueños. El 30 de junio no mataron a un hombre, mataron a una familia entera. Mi madre enfermó de dolor, una madre que no paró de rogar desde aquella noche. Yo no vine a mentir. Vine a exigir la verdad sin justificaciones”.
Ella denunció también cómo el Estado continúa revictimizando a las familias al justificar la muerte de su hermano como resultado de una “operación legítima” del ejército nacional: “En la apelación, el Ministerio de Defensa afirmó que el ejército actuó en operación legítima cuando le quitaron la vida a mi hermano. Eso no es justicia, eso nos lastima y nos duele, y lastima a la memoria de todos los que seguimos esperando”.
Con esta audiencia, la JEP no solo revierte la invisibilización de estos hechos atroces sino que abre un espacio para que las víctimas sean protagonistas en la búsqueda de verdad y reparación. El desafío continúa para que la justicia transicional cumpla con su compromiso de garantizar memoria, seguridad, dignidad y no repetición para toda la Costa Caribe y el país.
12 exmilitares comparecientes ante la JEP
Los comparecientes manifestaron su disposición para continuar participando activamente en el proceso. Un representante de la fuerza pública afirmó con humildad que sabe que muchas de sus verdades aún no satisfacen plenamente los interrogantes de las víctimas, pero ratificó su voluntad de colaborar: “Acudiré y participaré las veces que sea necesario en las actividades que convoque la JEP”.
De manera similar, los demás exmilitares comparecientes —Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas y Guillermo Gutiérrez Riveros— reafirmaron su compromiso de atender todos los llamados para que las víctimas “sepan la verdad”.
Especialmente emotivo fue el testimonio de Alex José Mercado, quien reconoció el dolor causado a las familias afectadas: “Hoy estoy en frente de todas estas madres a las que tanto dolor hicimos, dándoles la cara”. Por su parte, Juan Carlos Soto Sepúlveda valoró el papel transformador del proceso ante la JEP, subrayando que: “Si no hubiera sido por la JEP, estuviera echando mentiras, todavía, en la justicia ordinaria”.
La audiencia pública continuará el 25 de julio en el Hotel Tativán, donde se profundizará en los relatos, compromisos y proyectos restaurativos que buscan no solo esclarecer la verdad, sino también avanzar en la reparación integral de las víctimas y sus comunidades. Este segundo día será clave para fortalecer el diálogo entre las víctimas, los comparecientes y la magistratura, en un proceso que persiste con el objetivo de garantizar justicia, memoria y no repetición en la región de la Costa Caribe.
Por: Katlin Navarro Luna / EL PILÓN
