La escalada de violencia anunciada en las plataformas y canales noticiosos de la guerrilla del ELN por cuenta de sus 61 años de actividades, demanda la debida atención y medidas desde las instancias de gobierno, la fuerza pública y la propia ciudadanía.
Los contextos de los específicos territorios que en el centro y sur del Cesar han sido copados por la dinámica de esa organización armada, están suficientemente detallados y son reconocidos en el entorno de la Serranía del Perijá, donde habitan pasajes de histórica ocupación y control; allí son la única expresión armada que se transfigura en poder absoluto y expureo. Son varios los núcleos de concentración (donde emplazan su clientela) y también los corredores estratégicos de movilidad documentados en nuestra geografía local.
Las fuerzas militares que tienen la misión constitucional de proteger la soberanía y la integridad territorial, están soportadas especialmente en la capacidad belica del ejército –la quinta y décima brigada– encargadas de amparar en sus límites territoriales, entre otras una zona, del entorno más crítico de inseguridad en el departamento.
El desplazamiento del BAEEV 3 que desde principios de año le ha correspondido apoyar el conflicto del Catatumbo, trasladando parte importante de sus soldados a la zona alta de Norte de Santander, ha derivado una exposición de áreas regularmente bajo guardia permanente entre el río Anime y hasta el corregimiento de Besotes; en efecto, además del desmonte de puntos de control, se observa el abandono de de frontera con Venezuela.
La situación de la policía resulta particularmente dramática, pues su deber legal de garantizar la seguridad y el orden público, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, y prevenir y controlar delitos, los expone en las urbes a la actividad criminal del ELN camuflado en la sociedad civil. Los múltiples homicidios y atentados contra la integridad de policías sacrificados en la región los últimos meses, han sido consumados en condiciones de indefension y debilidad manifiesta de los uniformados.
Alarma y angustia en Curumaní el escenaro de absoluta vulnerabilidad que padecen nuestros policías, que comandados por la valiente teniente Catalina Oviedo, tienen la responsabilidad de ampararnos desde una zahúrda estancia (que también es sede del Distrito Central de Policía, que regenta los comandos de municipios vecinos), donde están confinados más de medio centenar de hombres y mujeres a un lado de la vía troncal, en condiciones adversas; así han sobrevivido desde hace más de dos años, cuando fueron trasladados de su regular puesto de trabajo, intervenido desde entonces.
Pasados 200 días, desde cuando la Gobernación del Cesar inauguró la Estación de Policía de Curumaní -18 de diciembre 2024, después de una inversión de 8.500 millones de pesos que adecuó oficinas, alojamientos, una cancha deportiva, hizo ajustes tecnológicos y de tv, adelantó obras hidráulicas y de urbanismo (ya recibida la obra, en el primer aguacero, la cubierta nueva se vino al suelo y el inmueble se inundó) y sin embargo, aun no está en uso por cuenta del mobiliario pendiente.
Fue cortada la cinta, sin haberse equipado la estación, por lo que estamos hace más de siete meses en la extendida espera del equipamiento, mientras sigue la edificación en inexorable deterioro ante la paciente ciudadanía.
Apremio y diligencia para amparar el sacrificio de nuestros policías que necesitan regresar a su casa; la seguridad de los agentes, suboficiales y oficiales es una asignatura pendiente en este tiempo que reverbera la memoria criminal de la organización ilegal armada mas antigua del continente americano; nos corresponde demandar protección y seguridad del Estado, y también resguardar a nuestros cuidadores, quienes en Curumaní están en el peor de los mundos en éstos tiempos de efemérides criminales.
