Los proyectos mencionados por la administración fueron la construcción de hospitales, vías, infraestructura educativa, servicios agropecuarios, entre otros.
Con 10 votos a favor y 1 en contra, la Asamblea del Cesar aprobó en segundo debate el proyecto 001 de 2025, convertido en Ordenanza 298, por medio del cual otorga facultades a la gobernadora Elvia Milena Sanjuán para firmar nuevos contratos y convenios hasta el 30 de junio del 2025. María Carolina Morales Fernández, secretaria General, fue una de las funcionarias que estuvo exponiendo cuáles son los principales proyectos que motivaron esta solicitud ante los diputados.
En materia de infraestructura vial, el gobierno refirió la necesidad de mejoramiento de tramos viales en los municipios de Aguachica, Bosconia, Pailitas, San Alberto, Agustín Codazzi, la vía Curumaní-Bobilandia, el anillo vial de Valledupar, la intervención de la avenida Simón Bolívar, por alrededor de $100.000 millones, en esta misma capital y la construcción de la carretera Mariangola-Villa Germania.
El secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, manifestó que los estudios y diseños de la avenida Simón Bolívar fueron realizados en el 2014, por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA), lo cual generó un llamado de atención de la diputada Claudia Margarita Zuleta.
“Nos menciona que son unos estudios y diseños realizados hace 10 años y no tuvieron un consultor para la actualización, sino que fue realizada directamente por el equipo humano de la Secretaría de Infraestructura, y algo similar pasó con el Centro Cultural de la Música Vallenata, unos estudios contratados 7 años antes y fue un proyecto modificado casi en su totalidad por el contratista durante la ejecución, lo que ha dado a múltiples prórrogas y a una multimillonaria adición”, expresó Zuleta.
Por otra parte, los proyectos de salud mencionados por la administración fueron la adecuación de los hospitales José Antonio Socarrás Sánchez, en Manaure, el de Agustín Codazzi, así como el Centro Materno Infantil San José de Oriente, municipio de La Paz, y otros proyectos en Aguachica, El Copey, Chiriguaná y San Diego.
“En proyectos educativos, desde el punto de vista de infraestructura, le apuntamos a las instituciones educativas Técnico Upar y Casimiro Maestre, en Valledupar; dotación y mobiliario escolar como comedores, herramientas tecnológicas y ayudas pedagógicas, financiación de matrículas universitarias y vigilancia de instituciones educativas”, expuso Morales Fernández.
La funcionaria precisó que aunque el proceso de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) Regular para el suministro de raciones alimentarias a estudiantes en 24 municipios no certificados del Cesar empezó a finales de 2024, el servicio corresponde al 2025, período en que necesitan facultades de la duma departamental, así como para la contratación de la alimentación escolar para pueblos indígenas.
El PAE indígena cubre a los resguardos Businchama (Pueblo Bello), Yukpa (Agustín Codazzi), Arhuaco (Sierra Nevada de Santa Marta), Sokorpa (Becerril), entre otros como Menkwe, Mishaya y La Pista.
Ahora bien, en el sector agropecuario proyectan inversiones para el “fortalecimiento” del Centro Tecnológico Acuícola y Pesquero, con un presupuesto de $1.500 millones; la puesta en marcha de laboratorios acuícolas, con $5.000 millones; fortalecimiento a productores de maíz víctimas del conflicto, en San Diego, con recursos por $900 millones.
Desde la Secretaría de Agricultura también indicaron que requieren facultades para contratar el análisis de suelo y agua para productores, por $670 millones, las pruebas de fertilidad ganadera para el apoyo a pequeños y medianos productores, por $404 millones, entre otros servicios.
Por Redacción General.
Los proyectos mencionados por la administración fueron la construcción de hospitales, vías, infraestructura educativa, servicios agropecuarios, entre otros.
Con 10 votos a favor y 1 en contra, la Asamblea del Cesar aprobó en segundo debate el proyecto 001 de 2025, convertido en Ordenanza 298, por medio del cual otorga facultades a la gobernadora Elvia Milena Sanjuán para firmar nuevos contratos y convenios hasta el 30 de junio del 2025. María Carolina Morales Fernández, secretaria General, fue una de las funcionarias que estuvo exponiendo cuáles son los principales proyectos que motivaron esta solicitud ante los diputados.
En materia de infraestructura vial, el gobierno refirió la necesidad de mejoramiento de tramos viales en los municipios de Aguachica, Bosconia, Pailitas, San Alberto, Agustín Codazzi, la vía Curumaní-Bobilandia, el anillo vial de Valledupar, la intervención de la avenida Simón Bolívar, por alrededor de $100.000 millones, en esta misma capital y la construcción de la carretera Mariangola-Villa Germania.
El secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, manifestó que los estudios y diseños de la avenida Simón Bolívar fueron realizados en el 2014, por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA), lo cual generó un llamado de atención de la diputada Claudia Margarita Zuleta.
“Nos menciona que son unos estudios y diseños realizados hace 10 años y no tuvieron un consultor para la actualización, sino que fue realizada directamente por el equipo humano de la Secretaría de Infraestructura, y algo similar pasó con el Centro Cultural de la Música Vallenata, unos estudios contratados 7 años antes y fue un proyecto modificado casi en su totalidad por el contratista durante la ejecución, lo que ha dado a múltiples prórrogas y a una multimillonaria adición”, expresó Zuleta.
Por otra parte, los proyectos de salud mencionados por la administración fueron la adecuación de los hospitales José Antonio Socarrás Sánchez, en Manaure, el de Agustín Codazzi, así como el Centro Materno Infantil San José de Oriente, municipio de La Paz, y otros proyectos en Aguachica, El Copey, Chiriguaná y San Diego.
“En proyectos educativos, desde el punto de vista de infraestructura, le apuntamos a las instituciones educativas Técnico Upar y Casimiro Maestre, en Valledupar; dotación y mobiliario escolar como comedores, herramientas tecnológicas y ayudas pedagógicas, financiación de matrículas universitarias y vigilancia de instituciones educativas”, expuso Morales Fernández.
La funcionaria precisó que aunque el proceso de contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) Regular para el suministro de raciones alimentarias a estudiantes en 24 municipios no certificados del Cesar empezó a finales de 2024, el servicio corresponde al 2025, período en que necesitan facultades de la duma departamental, así como para la contratación de la alimentación escolar para pueblos indígenas.
El PAE indígena cubre a los resguardos Businchama (Pueblo Bello), Yukpa (Agustín Codazzi), Arhuaco (Sierra Nevada de Santa Marta), Sokorpa (Becerril), entre otros como Menkwe, Mishaya y La Pista.
Ahora bien, en el sector agropecuario proyectan inversiones para el “fortalecimiento” del Centro Tecnológico Acuícola y Pesquero, con un presupuesto de $1.500 millones; la puesta en marcha de laboratorios acuícolas, con $5.000 millones; fortalecimiento a productores de maíz víctimas del conflicto, en San Diego, con recursos por $900 millones.
Desde la Secretaría de Agricultura también indicaron que requieren facultades para contratar el análisis de suelo y agua para productores, por $670 millones, las pruebas de fertilidad ganadera para el apoyo a pequeños y medianos productores, por $404 millones, entre otros servicios.
Por Redacción General.