¡Asamblea del Cesar “corcha” a entes por feminicidios! Debate expone críticas fallas y falta de articulación
Colectivos feministas alzan la voz ante la ineficacia institucional y la impunidad en casos de violencia de género en el Cesar.
En cumplimiento de la proposición número 038 del 17 de marzo de 2025, la Asamblea Departamental del Cesar llevó a cabo un debate de control político el 22 de abril, centrado en la creciente problemática de violencia de género y feminicidios en el departamento. La sesión, marcada por la ausencia de delegados de la Fiscalía, reunió a representantes de la Oficina de la Mujer de la Gobernación del Cesar, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Seguridad de Valledupar, el ICBF y diversos colectivos feministas.
Durante el debate, se enfatizó que las estadísticas de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres no muestran una disminución, generando profunda preocupación entre los asistentes. La diputada Claudia Margarita Zuleta, ponente de la proposición, destacó la importancia del debate y lamentó que “el flagelo tiene múltiples raíces y muchas formas de manifestarse”.
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Thais Ruis, presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres, denunció la impunidad que permite que los agresores queden libres y la indiferencia de las instituciones del Estado. A su vez, la diputada Zuleta en su intervención, recordó a Yorley Miranda, una joven madre asesinada en Chimichagua, cuyo presunto agresor se encuentra prófugo. “En lo que va del año 2025, ya son seis las mujeres asesinadas en el departamento del Cesar”, afirmó Zuleta, añadiendo que “la mayoría de estos casos tienen una cosa en común: no hay capturados”.
Datos de salud revelan prevalencia de violencia sexual
Georgina Sánchez, secretaria de Salud del Cesar, presentó datos alarmantes sobre la violencia de género en el departamento, basados en los registros del Sistema de Información del Delito (CIDH). Sánchez informó que, hasta la semana 15 de 2025, se habían reportado 706 casos de violencia, con Valledupar y Aguachica concentrando el mayor número de incidentes. Destacó que el grupo etario más afectado es el de jóvenes entre 10 y 19 años, y que la violencia física y sexual son las más prevalentes.
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Además, la intervención de delegadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reveló que en este momento no cuentan con hogares de paso, que permitan salvaguardar la vida de los menores de edad víctimas de violencias en sus hogares, en ningún municipio del departamento.
Ante la gravedad de la situación, los colectivos feministas exigieron una mayor articulación entre los entes territoriales, las casas refugio y una intervención específica para la atención de las mujeres rurales. La Red de Voceras y Voceros denunció la falta de capturas en los casos de feminicidios, mostrando lápidas de las últimas víctimas como evidencia de la crisis.
Una tragedia silenciosa
La diputada Zuleta hizo un llamado a la acción y propuso que el gobierno del Cesar tome el liderazgo en la convocatoria a una acción interinstitucional sostenida y permanente para definir políticas claras que apunten a erradicar la violencia de género en el departamento. “Hoy estamos aquí porque necesitamos de verdad con urgencia pasar de las palabras a los hechos. Estamos aquí porque quiero convocarlas a esta reflexión, pero sobre todo a actuar. Algo tiene que empezar a cambiar en la respuesta institucional”, concluyó.
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Además de los feminicidios, se abordó la problemática de la violencia sexual, con cifras alarmantes proporcionadas por el Instituto de Medicina Legal. En el año 2023, se reportaron 543 casos de delitos sexuales en el departamento del Cesar, de los cuales el 71 % ocurrieron en niñas menores de 18 años.
La voz de las veedurías y los pueblos indígenas
Beatriz Mejía, veedora en el municipio de Pueblo Bello y jurídica de Caribe Afirmativo, denunció las falencias en la atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia. Mejía criticó que el ICBF devuelva a las víctimas a sus comunidades sin garantías de protección, exponiéndolas nuevamente a situaciones de riesgo y abuso.
“Mi preocupación ahorita cuando el ICBF intervenía era que ellos decían que tenían ciertas estrategias para trabajar los municipios, pero yo parto de una falencia que hay. Desde el municipio de Pueblo Bello en la última semana han llegado tres casos atendidos por la veeduría y haciéndole la ruta correspondiente, remitiéndolas para acá para Valledupar para que se hayan atendidos, pero el mismo ICBF las devuelve”.
Mejía enfatizó que las costumbres ancestrales no pueden justificar la violación de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas. “Tenemos que la Corte Constitucional sacó una sentencia que es la SU 091 del 2023, donde dice que esa autonomía de esa autoridad gubernamental que ellos tienen internamente tiene un límite”, explicó, añadiendo que ese límite debe armonizarse con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
La veedora también denunció la falta de traductores para garantizar que las mujeres indígenas comprendan las rutas de atención y puedan denunciar los abusos. “¿Qué hacemos? Bienestar, ICBF, Fiscalía, todo el ente, todo el mecanismo articulador tienen traductores para que la niña se pueda comunicar para que los niños lleguen y comenten y digan qué está pasando. No los tienen“, cuestionó Mejía, señalando la necesidad de estrategias con enfoque territorial e interseccional que tengan en cuenta las particularidades de cada comunidad.
Propuesta de acción interinstitucional
Finalmente, Zuleta hizo un llamado a la acción y propuso que el gobierno del Cesar tome el liderazgo en la convocatoria a una acción interinstitucional sostenida y permanente para definir políticas claras que apunten a erradicar la violencia de género en el departamento. Mientras los colectivos pidieron acciones de organismos articuladores, porque parecieran solo coordinarse cuando ocurren estos debates de control político.
Por: Katlin Navarro Luna / EL PILÓN