En la tarde de este viernes se conoció que el Gobierno Español aprobó la extradición a Colombia del empresario Carlos Mattos Barrero, investigado por presuntamente sobornar a jueces para que lo beneficiaran en una demanda contra Hyundai para quedarse con la representación de esta marca en el territorio nacional.

Lee también: Consejo de Estado declaró nula la designación del rector de la UPC

Así lo decidió el Consejo de Ministros del país extranjero en una reunión realizada el pasado 16 de febrero, cuya resolución emitida fue recientemente notificada a la Cancillería del Estado colombiano.

El empresario cesarense tiene varias cuentas pendientes. Todo inició en el año 2015 cuando la empresa extranjera Hyundai Motor Company de Corea le hizo saber a Hyundai Colombia Automotriz que no renovaría el contrato para la venta de estos vehículos en el país porque se le daría a otra empresa.

Eso propició que Mattos comenzara a usar los distintos mecanismos judiciales que ahora lo tienen en líos con la justicia colombiana. Según la investigación, sobornó a un juez y varios funcionarios que trabajaban con él con más de $2.500 millones para que dictaran a su favor una medida cautelar en la que se ordenó que Hyundai solo realizara negocios con Mattos en Colombia.

Eso también conllevó a que presuntamente, según la Fiscalía, sobornará a otra juez identificada como Carmen Hernández, quien fue condenada por aceptar que recibió dinero del empresario para favorecerlo en una decisión relacionada al caso Hyundai.

No dejes de leer: ¡Solidaridad con Jorge Oñate!: seguidores se acercaron a donar sangre al ‘Jilguero’

A raíz de los procesos, Mattos ha tenido en su contra varios ordenes de capturas, pero desde el año 2018 se fue para España. Desde entonces pese a todos los esfuerzos de las autoridades nacionales por traerlo, él ha recurrido a varias acciones judiciales para obstruir su regreso.

En el mes de octubre de 2020, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España frenó su extradición al considerar: “que se habían vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación“.