El Juzgado 103 Penal de Control de Garantías de Valledupar ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra José Armando Torres Mestre, alias el Lobo, señalado como presunto jefe de finanzas del Clan del Golfo, subestructura Francisco José Mórelo Peñate.  

Según la Fiscalía 131, Torres Mestre habría sido responsable de gestionar las finanzas de este grupo criminal en Valledupar y sus alrededores. Las investigaciones apuntan a que era el encargado de recaudar dinero proveniente de extorsiones y del tráfico de estupefacientes, dirigidas principalmente contra comerciantes y ganaderos de la región.  

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Alias el Lobo fue condenado en el pasado a 20 años de prisión por el homicidio de Jair Alberto Castillo Murgas, un crimen ocurrido el 28 de diciembre de 2004 en la panadería Alaska, ubicada en el barrio Kennedy de Valledupar. Según los registros, Castillo fue asesinado a bala mientras estaba acompañado de su novia por dos sujetos en moto.  

En 2009, durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, Torres Mestre reconoció su participación en este homicidio, lo que reforzó las pruebas en su contra en ese entonces.  

Prontuario criminal

Recientemente, luego que se materializara la captura de este hombre, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, afirmó que alias ‘El Lobo’, lleva más de 15 años vinculado a actividades delincuenciales. Durante este tiempo, habría participado en una serie de homicidios y delitos en diferentes municipios del Cesar.  

Según la Fiscalía, tras haberse desmovilizado de un grupo paramilitar, Torres Mestre fue capturado cuando estaba tomando cervezas.  Volvió a la actividad delictiva, ahora como miembro del Clan del Golfo, desempeñándose presuntamente como jefe de finanzas.  

El ente acusador manifestó en la diligencia que este hombre está involucrado en al menos diez homicidios ocurridos en los municipios de Codazzi y Valledupar, crímenes que habrían sido ordenados por la subestructura criminal a la que supuestamente pertenece.  

Por ello, la decisión del juzgado de dictar medida de aseguramiento refuerza las acciones judiciales contra este sujeto que “representan una amenaza para la seguridad de la región”.