“Eso comenzó prácticamente en el mes de abril de 1997 por poner una fecha, cuando a eso de las dos de la tarde, recuerdo que estando aquí en mi casa, llega un grupo y veo que viene gente encapuchada reuniendo a la gente para llevarla hacia la plaza del pueblo. En esa época vinieron con lista en mano de las personas que buscaban y desde esa época fue un caos. Mataron en Guacoche, a Argemiro Quiroz y otro muchacho del que no retengo el nombre”, relata David Romero, habitante y líder comunitario del corregimiento Guacochito, en el norte del municipio de Valledupar.

Así empieza a recordar cómo fue la llegada del conflicto armado a sus territorios y todo lo que tanto él como los moradores de esta región, tuvieron que padecer por cuenta del accionar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que los persiguió y mantuvo atemorizados en las entrañas de su tierra.

De acuerdo con Romero, la consigna de quienes llegaron por entonces era que tenían unas listas conformadas con personas que aparentemente les colaboraban a grupos guerrilleros. Los paramilitares, según este líder, permanecieron varios días en la zona y luego se fueron; pero retornaron tres meses después, retuvieron a otros miembros de la comunidad y los asesinaron.

A partir de ese momento comenzó un desplazamiento a cuenta gotas motivado por la zozobra, que fue dejando solos a los caseríos. “Aquí lo que se veía eran hojas y sucios en las casas”, recuerda Romero. Pero varios habitantes se vieron sometidos a permanecer allí, viviendo en cierto modo secuestrados en sus propios hogares y bajo un miedo permanente.

Romero se vio obligado, en el año 2002, a desplazarse hasta el municipio de Bosconia porque aparecía en una de las listas de las Auc debido, según él, porque actuaba como vocero para atraer adeptos a una campaña política. Por ello fue directamente señalado y amenazado.

El día anterior de las elecciones del año 2002 cuenta Romero que un grupo armado, al parecer de las Auc, reunió a los pobladores del caserío en la plaza para decirles que allí la familia Gnecco, que en ese momento estaban aspirando a la Cámara con Luis Alberto Monsalvo y Lilo Gnecco, no podía sacar un solo voto y que si eso llegaba a suceder tendrían que atenerse a las consecuencias.

“Al terminar la reunión, cuando quise irme con todas las advertencias que nos habían hecho, me halan de la camisa y me dijeron: ‘ya sabe, si alguno de esta gente saca un voto aquí, responde usted y sabe cómo somos nosotros’. Y les dije que dejáramos hasta ahí, que creía que eso no iba a suceder”, asegura Romero.

Fue por ello, y después de vivir tanta zozobra, que decidió salir de Guacochito para buscar otros horizontes, alejado del hostigamiento de estos grupos. “Así fue la historia del desplazamiento, aquí no se aguantaba nadie, esto era una humillación”, sentencia el líder comunitario.

Estuvo en Bosconia durante un año y volvió a su tierra presionado también por otra difícil situación: varias personas, identificándose como de “la guerrilla”, lo retuvieron a él y su esposa, bajo amenazas, por cerca de 24 horas en la finca en la que adelantaban labores del campo.

Al parecer se trató de delincuencia común porque lo que hicieron al final fue cargar dos camiones con el ganado y todos los enseres de la finca, incluso lo que ellos mismos tenían. “Ya así uno se siente que no hay para dónde coger porque la delincuencia y todos los grupos no tenían acosados. Y así regresé”, cuenta Romero.

Sin embargo, cuando retornó a Guacochito, encontró mucha tristeza entre los vecinos que no se habían desplazado y notó que la convivencia que antes tenían se había trastornado por el impacto de la violencia.

Las circunstancias se empezaron a normalizar a partir de agosto de 2006 tras la desmovilización colectiva de las Auc acordada con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010). El retorno de los antiguos pobladores también fue a cuenta gotas por cuanto aún había mucho temor de volver.

Son afros

Tanto Romero, como cada uno de los nativos de esta región que hacen parte de la zona corregimental de la capital del Cesar, se identifican como afrodescendientes y por ello pretenden que se reconozcan y respeten sus derechos propios, y tengan prioridades. “Por ahí lo que se identifica, creo que lo mismo que los indígenas, es legal”, asegura Romero.

En este sentido, esa identificación ha tenido incidencia en el proceso de las poblaciones que se encuentran priorizadas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz.

Así como los indígenas, los afros también tuvieron su participación en la formulación del PDET Sierra Nevada – Serranía de Perijá – Zona Bananera, que incluye ocho municipios del departamento del Cesar, entre ellas la zona rural de Valledupar. Se integraron a este proceso los consejos comunitarios de Badillo, Alto de la Vuelta, Las Raíces, La Vega, Guacochito, Guacoche, Valencia, Caracolí, Los Venados, Guaimaral, El Perro y Camperucho.

Ricardo Romero Cabana, asesor del Consejo Comunitario Arcilla, Cardón y Tuna del corregimiento Guacochito, quien lideró el proceso del PDET con los afros, explica que visionaron su participación teniendo como base el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.

“Se hicieron algunas exigencias de los municipios de acá del Cesar. No todos se trabajaron con el componente étnico, algunos fuimos más insistentes que otros y por lo menos aquí en Valledupar logramos que se trabajara el componente étnico con ese enfoque diferencial, participando los consejos comunitarios que hacemos parte del municipio”, explica Romero Cabana, quien, además, es presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe.

En cuanto a si tuvieron un espacio alterno, como en el caso de los indígenas, para diseñar su propia hoja de ruta y formular sus necesidades, este líder indica que a pesar de que lo solicitaron no fue posible; pero que cuando surgió el espacio regional, pidieron un espacio autónomo que sí se les concedió para que, como consejo comunitario, pudieran hacer algunas sugerencias y llegar a unos acuerdos.

Con relación a los requerimientos expuestos en este PDET, Romero Cabana argumenta que para ellos el territorio es la base fundamental a fin de que puedan existir como pueblo y como comunidad afro y que reviste gran importancia debido a que poseen sus territorios sin una seguridad jurídica.

“Es una de las cosas que más insinuamos que quedara en el acuerdo porque sabemos que, cuando se venga la implementación, si nosotros no tenemos seguridad jurídica en nuestro territorio, esos proyectos no van a poder ser implementados”, destaca.

Julio Barragán, experto en enfoque étnico de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), reitera que el territorio es uno de los principales aspectos que encierra el enfoque afro, dado que la titulación de la tierra para ellos es central y mientras eso no exista, es muy difícil conseguir un desarrollo acorde con el enfoque diferencial.

Haciendo un balance sobre las condiciones que tienen en este sentido los consejos comunitarios que figuran en este PDET, Barragán precisa que, en relación con el Cesar, hay avances en Guacoche y Guacochito, donde ya hubo solicitud de titulación. Entre tanto, enfatiza, que en los demás sitios el proceso va muy lento porque falta mayor fortaleza organizativa para incidir en las instituciones y alcanzar la legalización de sus tierras.

En departamentos como Magdalena hay avances sustanciales. Ejemplo de ello es el Consejo Comunitario Ubatalá, del municipio de Fundación, en Magdalena, que ya tiene sus tierras tituladas. En proceso de titulación están los consejos comunitarios Jacobo Pérez Escobar, en Aracataca, y Raíces, en Ciénaga. “Con cada uno de estos municipios y los consejos se hizo un trabajo detallado y sus iniciativas entraron al PDET”, destaca Barragán.

Más allá de lo concerniente a la titulación, también se dejaron plasmadas otras iniciativas que responden a los ocho pilares de los PDET: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento, derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz, infraestructura y adecuación de tierras, y salud rural.

Así pues, asegura Romero Cabana, se incluyeron en sus peticiones todos los sectores, aunque priorizaron el de territorio. También abrieron espacios pensando en infraestructura y el componente ambiental del que considera que siempre han sido defensores y para el que exigen una participación directa.
Por su parte el líder David Romero enfatiza en que al hacer referencia a las necesidades de estos pueblos se habla sobre todo del acceso a agua potable y a un buen servicio de alcantarillado.

A la espera

Romero Cabana expresa que el proceso de consolidación del PDET lo iniciaron en una primera fase, como se debía hacer, contando con el aporte de las comunidades, pero vieron que a medida que se iba avanzando a siguientes fases encontraban que el proceso estaba siendo influenciado, creen ellos, por el gobierno nacional.

Esa influencia quedó en evidencia cuando, al momento de priorizar los acuerdos, se descubrieron algunas propuestas de proyectos que no se habían trabajado desde las comunidades y estaban puestas sobre la mesa como es el caso de la construcción de tres represas: Los Besotes, Río Ranchería y una más en la serranía de Perijá.

“Sabemos que si bien es cierto vamos a ser beneficiarios de unos macro proyectos, también hay unos beneficiarios directos que no son de las comunidades”, argumenta Romero Cabana.

A pesar de esto se pudo fijar el PDET en el que cada una de las comunidades dejaron puestas sus esperanzas, que mantienen a día de hoy, cuando en la mayoría de poblaciones todavía no ven que se empiece a implementar algo relacionado con estos programas.

“Hemos estado en algunos eventos donde se ha tocado el tema porque nos dicen en tal sector se comenzó a implementar el PDET, pero nosotros vamos y no hay nada todavía. Desde el Caribe, estamos proponiendo que se haga un comité de seguimiento al PDET, pero que sea una estrategia de mantenernos unidos y que pueda ser efectivo”, declara Romero Cabana.

De la misma forma tienen previsto desarrollar mesas interétnicas con los indígenas para abordar el tema específico de la llamada línea negra (la delimitación del territorio ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta – Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos), una línea imaginaria de la cual los afros desconocen sus límites y sostienen que puede afectar su territorio.

A la par, revela Romero Cabana, trabajan en alianza de algunas entidades como la Universidad Javeriana, el mismo PCN (Proceso de Comunidades Negras), en su momento el PNUD (aliado fuerte en el fortalecimiento de los consejos comunitarios en esa parte de legalización del territorio), en un proyecto para legalizar 50 títulos en todo el país y en cual están apuntando desde el Caribe a que salgan 20 o 30 títulos.

Se espera entonces que lo que está plasmado en los acuerdos se cumpla y que esa participación que están exigiendo sea efectiva.

Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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