El exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso será llevado a juicio por los presuntos actos de corrupción que cometió en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y en el transporte escolar durante su periodo administrativo entre los años 2014 –2015.  

La Fiscalía le formuló acusación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros en una audiencia desarrollada ante la Corte Suprema de Justicia. 

La investigación surgió por las irregularidades que se habrían presentado en dos contratos orientados a la alimentación y el transporte de la población estudiantil del departamento. El primero el exmandatario lo suscribió el 19 de marzo de 2015 con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el cual recibió una adición que ascendió el valor total a $41.064’418.760. 

Este tenía como objetivo suministrar complementos en la mañana y almuerzos a los estudiantes de preescolar, básica primaria, y básica secundaria y media de 15 municipios durante 125 días. Sin embargo, notaron 10 posibles deficiencias en los estudios previos, errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos. 

“Hay evidencia de que no se realizó consulta previa con las comunidades indígenas, cuyos menores de edad serían los más favorecidos, ni se tuvieron en cuenta los factores nutricionales y calóricos de las raciones preparadas, pues se fijaron con lineamientos técnico-administrativos que no estaban vigentes, de tal manera que no proporcionaban el aporte nutricional adecuado”, dijo la Fiscalía. 

Además, no habrían dispuesto de las condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.   

“En las etapas precontractual y contractual, supuestamente, se incumplieron los requisitos de ley con el ánimo de favorecer al contratista. A esto se suma que los peritos contables del CTI detectaron un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron”, puntualizó la Fiscalía. 

EL OTRO CONTRATO 

El contrato para el servicio de transporte fue suscrito el 6 de mayo de 2015, con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’. 

Este tenía como proyección garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos por valor $9.310.604.160. No obstante, se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir. 

“Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira”, finalizó el ente acusador.