Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento de Valledupar, la Fiscalía formuló acusación en contra del alcalde de Becerril, Raúl Fernando Machado Luna, investigado por presuntamente ocasionar millonario detrimento en un contrato de alimentación escolar durante su primer período de administración pública en el año 2015.

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Junto a él también acusaron a la contratista María Carla González Romero, quien al igual que el mandatario deberá responder por el delito de peculado por apropiación agravado.

La investigación se relaciona a un contrato, de suministro N°00062 suscrito el 27 de mayo de 2015, entre el alcalde Raúl Machado y la Unión Temporal Alimentando el Futuro, representada por María González, por valor de $5.362.110.444.

Su objetivo era brindarle asistencia nutricional y alimentación a la población de primera infancia, madres lactantes y gestantes del municipio durante un plazo de siete meses, pero durante su ejecución se habrían presentado varias irregularidades.

Una de las primeras anomalías estaría relacionada al incremento que se generó en el contrato por un valor de $137.231.444.71 por retención en la fuente.

Para la Fiscalía 5 seccional, representada por Johan Ustáriz, ese aumento fue injustificado debido a que las uniones temporales, como es el caso de la contratista, no son objeto de esa figura de recaudo de impuesto.

El ente también habría notado que los alimentos establecidos no fueron los mismos que entregaron a la población beneficiaria en el contrato.

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“Del análisis de precios unitarios se debía entregar la cantidad de 360 gramos por paquete de atún; sin embargo, se evidenció la entrega de 240 gramos por paquete, existiendo una diferencia de 20 gramos, diferencia que afectó el valor por $17.599.431,01. Dinero que fue directamente a las arcas del contratista con la venia y complacencia del municipio de Becerril, en cabeza del señor Raúl Fernando Machado Luna”, reza la acusación.

Además, también se debía entregar un total de 43.200 paquetes nutricionales a 2.700 beneficiarios, pero solamente entregaron 43.024, haciendo falta 176 por valor de $32.732.745,96, cuyo dinero según la investigación fue a parar en favor del empresario.

“Violando directamente lo consignado en la Ley 80 de 1993 que expresa en su artículo 4 que uno de los deberes de las entidades estatales es exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado”, puntualizó el ente.

Este proceso penal surgió inicialmente por la alerta emitida por la Contraloría General de la Nación en un informe del mes de octubre de 2016.

Por eso, el 15 de noviembre de 2019, es decir, un mes después de que se surtiera las elecciones en que nuevamente Machado salió elegido como alcalde, lo presentaron a comparecer ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías para vincularlo al proceso.

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Sin embargo, el mandatario puede cumplir normalmente con sus funciones en el cargo, dado que no tiene en su contra una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La audiencia preparatoria se desarrollará el próximo 19 de febrero para que las partes hagan las postulaciones probatorias con las que pretenden irse al juicio oral.