A un principio de acuerdo para la compra de las 25 casas existentes en el barrio ‘Pablo Sexto’, de Valledupar, llegaron los propietarios de estas viviendas y el Gobierno Departamental, que pretende adquirirlas para su demolición total.

Al pacto se llegó luego de una polémica generada por el supuesto ‘mal avalúo’ de algunos inmuebles por parte del Instituto Geográfico ‘Agustín Codazzi’.

Este primer acercamiento con los dueños de las casas, quienes en su mayoría deberán abandonar sus propiedades después de 40 años, se inició con muchas preguntas, intervenciones y explicaciones que hacen parte de la primera etapa del proyecto de ampliación y remodelación del estadio Armando Maestre Pavajeau, y sus al rededores, del cual hacen parte las viviendas en cuestión.

El arquitecto Santander Beleño, presentó el proyecto en sus tres etapas, los beneficios sociales que le aporta a la comunidad en general, y la forma como será intervenida la zona.

Entre tanto, el arquitecto Casto Socarrás de la Sociedad de Arquitectos explicó el procedimiento del avalúo de las viviendas, el cual fue hecho de forma individual, teniendo en cuenta cada una de las particularidades de las residencias.

En este punto, algunos propietarios manifestaron su insatisfacción con el avalúo que le hicieron a sus viviendas por lo cual, Socarrás indicó que si ellos así lo requieren se hará un nuevo estudio.

A su turno, el abogado Andy Ibarra, de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, explicó los métodos ajustados a la ley para la negociación de los predios, las posibilidades y las ventajas de acogerse a uno o a otro método de negociación.

Uno de los voceros de la comunidad, manifestó su preocupación por el daño social que altera la vida de la comunidad al momento de abandonar los predios, por lo cual pidió construir una relación de confianza que no permita que malas interpretaciones dañen el proceso.

En ese sentido, Ineida Castro, Trabajadora Social, quien hace parte del equipo interdisciplinario que atenderá a los propietarios de los predios, dijo que hay una preocupación al interior de la comunidad frente al componente social que es necesario atender.

“Nosotros estamos reconociendo que todo este proceso tiene consecuencias muy fuertes para la vida de la comunidad, que tiene unas costumbres, unos vecinos de toda la vida, un apego y arraigo social. En este punto el Gobierno Departamental está ofreciendo un acompañamiento social permanente y de manera individualizada, con el fin de conocer las necesidades, realidades y expectativas frente a este proceso de negociación”, dijo.

Así mismo solicitó de la colaboración de la comunidad para que las partes involucradas puedan conocerse. “Esta parte psicosocial del proceso, quiere ser un puente entre la parte que negocia y ustedes como comunidad”.

En la socialización estuvo presente la Jefa de la Oficina Asesora de Política Social Érica Maestre, el Secretario de Infraestructura, Omar Maestre, el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, Jaime Luis Fuentes y el Secretario de Planeación, Federico Martínez.