La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través de una resolución anunció que acogió al empresario y ganadero Jaime Blanco Maya, investigado por los crímenes de varios sindicalistas de la empresa minera Drummond, en el Cesar.

Entre los procesos penales que analizará el distrito judicial se encuentran los adelantados por los crímenes de los directivos de Sintramienergética, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, acribillados el 12 de marzo del año 2001, en Bosconia.

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Según la investigación, ambos iban en un bus por el sector conocido como ‘Casa de Zinc’ del municipio y fueron abordados por un grupo de paramilitares que los bajó del vehículo para matarlos con arma de fuego.

Por este caso existe una sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la cual, está siendo revisada en segunda instancia.

Otro expediente que la JEP valorará es el que estaba en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar por el delito de homicidio agravado, cometido en contra del excontratista Hugo Manuel Cabrera y su acompañante Wilfrido Javier Coronado Jiménez.

Ambos fueron encontrados sin vidas en una fosa común ubicada en un potrero de la finca La Chiquita, zona rural de Becerril, en el mes de mayo del 2000.

Guerra Cabrera era prestador del servicio de alimentación a los trabajadores de la mina Pribbenow, ubicada en la Loma de Calentura, jurisdicción de El Paso, y desapareció el 8 de mayo de ese mismo año.

Según la JEP, la única decisión de fondo que se adoptó en este pleito fue el trámite de acusación desarrollada el 4 de junio del año 2012 por la Fiscalía 26 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derechos Humanos Internacionales de Bogotá.

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‘CONTARÁ LA VERDAD’

El medio hermano del excontralor Edgardo Maya presentó su interés de someterse a la Jurisdicción Especial para La Paz mediante cuatro solicitudes que presentó entre el 23 de mayo del 2017 y el 19 de septiembre de 2018. Asimismo presentó un plan de verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Señaló que su aporte consistiría en esclarecer ‘la relación de financiamiento entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la multinacional Drummond’, entre los años 1993 y 2002, en la que cumplió un rol de intermediario, y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”, dice la providencia de la JEP conocida por este medio de comunicación.

Blanco Maya como reparación a las víctimas propuso una jornada de perdón en público que ‘constaría de una publicación en el periódico EL PILÓN durante dos fines de semanas seguidos’, otro acto de desagravio público en el salón Julio Villazón Baquero del Hotel Sicarare de Valledupar y la construcción de un monumento en la plaza principal del corregimiento de La Loma o en su defecto, en el sitio donde fueron asesinados los sindicalistas Valmore Locarno y Víctor Orcasita.

“También ofreció ‘su participación en charlas por el respeto de los derechos humanos, particularmente en los que tiene que ver con la libertad de asociación sindical’. Finalmente, respecto a las garantías de no repetición señaló que no volvería a ‘inmiscuirse (…) en actividades de tipo delictual ni colaborará con grupos armados ilegales’”, agrega la resolución.

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Una vez analizado el cumplimiento de los requisitos estipulados, Blanco Maya es cobijado en la categoría de terceros civiles no combatientes, puesto que, “podría inferirse que era financiador o colaborador de grupos armados organizados al margen de la ley, relacionado con el conflicto interno armado”.

POR: MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
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