El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar decidió enviar a prisión a los policías y civiles, investigados por aparentemente recibir dinero a cambio de dejar pasar combustible de contrabando por el municipio de Río de Oro, sur del Cesar.

El togado consideró que la Fiscalía Dos Especializada de la Unidad de Investigaciones Financieras mostró elementos materiales trascendentales que dieron la inferencia razonable de que posiblemente existió la comisión de los delitos.

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Las piezas que hacen parte del acervo probatorio tenido en cuenta son: los informes de campo del ente acusador donde había fotos, captures de conversaciones y videos donde los uniformados supuestamente hablaban del lucrativo negocio del contrabando.

Los afectados por la decisión son: el intendente jefe Eudelio Corredor Corredor, el teniente Duberney Buriticá Vásquez, el intendente Edwin Ramón González Franco y los patrulleros José Lobo Vivas, Germán Alfonso Santamaría Arguello, Marco Aurelio Molina Núñez y Sergio Antonio Acosta Martínez.

Otros patrulleros afectados son Héctor José Rodríguez Vila, Luis Fernando Vargas Ríos, patrullero, Eduardo Antonio Carrascal Durán, Eduardo Rojas Botello, Álvaro Rivera Quintero, Maicol José Pérez Rivera y Jhon Jairo caballero.

Asimismo dos civiles fueron privados de la libertad, los cuales son: José Melo Criado y Juan Bautista Martínez Amaya.

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Según la Fiscalía, estos ayudaban a los contrabandistas a evadir los controles de la Policía Nacional tras el pago de sobornos por más de $9’300.000.

Asimismo en la diligencia el ente acusador comunicó que la función de los civiles era, presuntamente, estar como intermediaros para la entrega de las dádivas a los policiales con el fin de que omitieran los controles de seguridad.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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