El Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de Control de garantías de Bogotá, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal 6 seccional, Yesid Pallares Aguilar; el juez promiscuo municipal, Roberto Carlos Orozco Argote, y al abogado de la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero Galván, investigados por presuntamente fraguar actos de corrupción durante el desarrollo de sus funciones en el municipio de Bosconia, Cesar.

La decisión se produjo en la madrugada del domingo en la continuación de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

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La juez consideró que los elementos probatorios presentados por la Fiscalía Dos Delegada, entre esos, unos videos y unas interceptaciones de llamadas, mostraron considerablemente la complicidad de los funcionarios para manipular los procesos a cambio de beneficios económicos.

Según la investigación, los tres aprovechándose de la amistad que tenían y que trabajaban para la misma jurisdicción desde el 2017 hasta la actualidad, llegaron a negociabar unos seis procesos o trámites judiciales.

LA DEFENSA

La defensa había solicitado la medida de aseguramiento domiciliaria bajo el sustento de que, era suficiente para que sus prohijados no interrumpirían la justicia porque estarían alejados de sus cargos.

Además el abogado José Luis Castro Machuca, apoderado del fiscal, argumentó que el representante del ente investigador le imputó a Pallares el delito de concierto para delinquir careciendo de hechos fácticos que lo sustentaran y nada más con el interés de presentar a los tres como una estructura criminal.

“Dice el señor fiscal que son un peligro para las víctimas y ¿quiénes son las víctimas? El representante de este es de la Dirección Ejecutiva de la administración judicial, es una entidad no una persona, por eso la medida debe ser idónea, para conseguir la finalidad constitucional debe ser necesaria pero bajo los parámetros de esa adecuación típica a los delitos que se están investigando no aumentarlos para mostrar una gravedad de las conductas para mostrar la necesidad de imponerlas”, manifestó Castro Machuca.

Juan Gabriel Arévalo Torres, defensor del juez y abogado, por su parte, consideró que se cumplían los presupuestos jurídicos para que los procesados estuvieran privados de la libertad en sus casa porque se le podía imponer restricciones mientras avanzaba el proceso en las posteriores audiencias de acusaciones, preparatoria y juicio, entre otras.