La elección de Zarwawiko Torres Torres como máximo gobernador del pueblo indígena arhuaco, que tanta confrontación generó el año pasado, tuvo un inesperado capítulo la tarde de este viernes, esta vez, en el ámbito penal. La Fiscalía 12 seccional imputó cargos al líder indígena tras señalarlo de alzarse en el cargo mediante engaños el 11 de agosto de 2020.

Para el fiscal Gentil de León Mármol, Torres se posesionó ante la Alcaldía de Valledupar el 14 de agosto del año pasado sin tener el consentimiento de los 60 representantes de los asentamientos que conforman el territorio indígena, violando así uno de los requisitos para obtener el cargo.

“Su elección obedeció a un acuerdo previo entre este y las autoridades centrales de las cuatro kankuruas (centros indígenas) sin tener en cuenta la voluntad de las autoridades regionales de los 60 asentamientos que conforman el territorio arhuaco en los departamentos del Cesar y Magdalena, desconociendo las reglas propias de sus costumbres tradicionales, pero en especial de los principios del consenso”, manifestó Mármol.

La elección del máximo dirigente la habrían realizado mediante una aparente asamblea que solo contó con la participación de 16 de los 60 asentamientos debido a que para la época el país atravesaba estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia generada por el coronavirus.

De hecho, la reunión que llegaron a realizar el 10 de junio del 2020 generó polémica en el territorio nacional por considerarse que violó las medidas sanitarias.

“De manera improvisada y sin consulta del resto de la población decidieron elegir a los integrantes de la nueva directiva general en la que postularon como candidato a ocupar el cargo de cabildo a Zarwawiko Torres, quien era consciente que su nombre fue propuesto en violación a las reglas y procedimientos electivos”, añadió el fiscal.

Lo hicieron, según la investigación, porque Torres ofreció dádivas económicas y de otras índoles a algunos participantes de la citada reunión.

En consecuencia, la Fiscalía responsabilizó al dirigente indígena de 43 años del delito de fraude procesal, del cual se declaró inocente ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar.