El pasado 29 de julio se conformó oficialmente la Veeduría Ciudadana independiente que tiene como objetivo vigilar la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, CCMV, y evitar que esta se convierta en un ‘elefante blanco’. Allí se pactó junto a los supervisores de la obra, contratistas, entes de control y demás personas trabajar mancomunadamente y suministrar información a los veedores cuando estos la solicitaran.

Pasado un mes desde la oficialización del grupo, se acercaron al lugar donde están llevando a cabo la megaobra para inspeccionar su avance; sin embargo, les fue negado el acceso a los veedores y representantes de los entes de control.

“Concertamos una visita técnica para el día de hoy, después de tantas dificultades pudimos concertarla, nos encontramos con la Contraloría, Procuraduría, Personería de Valledupar y veedores ciudadanos, pero nos niegan la entrada bajo el pretexto de que la señora Esther Peinado, encargada de la infraestructura en el Cesar, no se encuentra en la ciudad. Cosa que no tiene nada que ver porque para eso tiene unas personas contratadas para que ejerzan su función”, acotó Johana Casallas, representante legal de la Veeduría Ciudadana.

Según relatan los miembros del mencionado grupo, esta no es la primera ‘traba’ que tienen para obtener información de la construcción debido a que también les exigen Administradora de Riesgos Laborales, ARL, aun cuando no están en la obligación de poseerla al ser una actividad no remunerada. Asimismo les exigen implementos como cascos y botas, y deben avisar con varios días de anticipación que harán la visita al lugar.

“Tenemos que decirles con anticipación y nombre propio quiénes van a ingresar, además los que ingresen deben contar con botas, casco y ARL. Desde la Contraloría nos han dicho que no nos pueden pedir ARL; en cuanto al casco y botas deberían proveerlo ellos”, acotaron los querellantes.

Lo anterior ha desencadenado molestias en los integrantes de la Veeduría, ya que aseguran que la Gobernación del Cesar y la contratista del CCMV han incumplido compromisos adquiridos. “Todo se vuelve un trámite interminable. En la primera reunión se comprometieron a permitir el control social, pero nada de eso han cumplido”, expresó Iván Lozano, abogado y secretario de la Veeduría Ciudadana del Cesar.

Por su parte, el inspector de obra, Eduardo Cepeda, explicó: “No los dejamos entrar no por capricho. Esto es una obra pública y yo soy contratista, sino que toda persona que entre debe tener una autorización de la Gobernación y yo no la tengo; mi deber es respetar ese protocolo”.

Finalmente, los miembros de la Veeduría manifestaron que para ellos es completamente decepcionante que pasen por encima de las ‘ias’ (Contraloría, Procuraduría y Personería), de los veedores ciudadanos legalmente constituidos y, sobre todo, que se violen los principios de la Ley 850 que permite hacer control social a cualquier obra con dineros públicos.

“NO CONTABAN CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS”: INFRAESTRUCTURA

Al respecto, la secretaria de Infraestructura departamental, Esther Mendoza, manifestó que el ingreso no fue permitido debido a que los veedores no contaban con las medidas de protección necesarias, asegurando que algunos de ellos no cuentan con Sisbén que los respalde si se presenta alguna emergencia. “En estos momentos tenemos excavaciones de más de 1.50 metros, ¿yo que hago si se me cae un veedor en las excavaciones?”, explicó.

Acotó que las visitas a la obra deben ser bajo los cuidados y protocolos necesarios. “Esto no es una feria donde podemos salir y entrar como queramos. Ellos van a una obra, allá les vamos a dar el casco, pero el resto de medidas deben tenerlas”, puntualizó.

Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN