El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar ordenó la suspensión provisional de la diligencia de desalojo que estaba programada para el próximo 31 de agosto de 2026, un operativo que pretendía recuperar los predios ocupados por miles de familias en los sectores de Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa.
La decisión, firmada el 18 de agosto por la jueza Ana Milena Saavedra Martínez, se da tras admitir para su estudio una acción de tutela interpuesta por líderes de la comunidad, encabezados por Magalis Calvo Rojano. Los ciudadanos acudieron a este recurso para frenar la orden de la Inspección Séptima Urbana de Policía, argumentando que las autoridades locales no han dado cumplimiento a la histórica sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional. Ese fallo exige, desde hace más de una década, que antes de cualquier desalojo se debe garantizar el derecho a una vivienda digna, construir albergues temporales y realizar censos reales de la población vulnerable.
