Continúa la puja jurídica en torno al desalojo de las invasiones Los Guasimales, Brisas de La Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. En un oficio dirigido al juez de Tutela de Primera Instancia, Rogger Celsa, del Juzgado Quinto del Circuito de Valledupar, se le solicitó interponerle al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, medidas cautelares ante el presunto desarrollo de acciones que podrían impedir el cumplimiento de la Sentencia T-946 de la Corte Constitucional, la cual ordena el desalojo de las cuatro invasiones mencionadas.
El oficio diligenciado por el abogado Evaristo Rodríguez, apoderado de la familia Pimienta, propietarios del predio Finca La Sabana donde se encuentran ubicadas las cuatro invasiones, explicó que el recurso jurídico que está solicitando responde a que presuntamente el mandatario municipal ha adelantado “maniobras fraudulentas” para formalizar o legalizar los cuatro asentamientos humanos.
“Él fijó el día 30 de octubre para llevar a cabo el desalojo, sin embargo, buscó el apoyo de la bancada de congresistas del Cesar para gestionar ante la Corte Constitucional, a través de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, derribar, hacer trizas y pulverizar la orden de desalojo cobijada bajo la Sentencia T-946 de 2011, lo cual es un quebranto de la cosa juzgada constitucional, el debido proceso y el derecho fundamental a un fallo ejecutoriado”, explicó el jurista.
