El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó iniciar el trámite previo de un incidente de desacato contra los alcaldes de Valledupar, Ernesto Orozco, y El Paso, Jesús Ortíz. La decisión judicial busca verificar si las administraciones cumplieron con la sentencia del 27 de noviembre de 2025, que les ordenó reactivar el Acueducto Regional para abastecer de agua potable a cinco poblaciones del sur.
El proceso, originado por una acción popular interpuesta por Álvaro Luis Castilla, amparó los derechos a la moralidad administrativa, al agua potable y al acceso a servicios públicos de calidad en los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral (jurisdicción de Valledupar) y El Vallito (El Paso).
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A través del auto, el juez Jaime Alfonso Castro otorgó un plazo de tres días a los mandatarios para que presenten un informe detallado. Este documento debe detallar las acciones administrativas, operativas, presupuestales y técnicas ejecutadas para poner a funcionar la planta, o en su defecto, explicar las razones por las cuales se ha inobservado el fallo.
