El Gobierno de Gustavo Petro alista la creación de una de las reservas ambientales temporales más grandes del país en la Sierra Nevada de Santa Marta, que cubriría alrededor de 942.000 hectáreas en Cesar, Magdalena y La Guajira, y suspendería la entrega de nuevos títulos mineros en esa extensión de territorio. La decisión se adopta mediante un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que busca “salvaguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural” de la Sierra mientras se define una figura de protección definitiva.
Irene Vélez, al frente del expediente
La encargada de firmar la resolución es Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), quien en los últimos meses ha concentrado parte de su agenda en la Sierra Nevada, incluyendo la gestión de recursos de regalías para restauración ecológica en territorios indígenas.
Detrás de la nueva megarreserva hay una solicitud formal del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Gonawindua), que reúne a pueblos kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo, quienes pidieron una “zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente” con carácter de reserva temporal mientras se avanza hacia una figura definitiva. “Los cuatro pueblos guardianes han advertido que las actividades extractivas amenazan la integridad ambiental de la Sierra y la supervivencia de su cultura”, se lee en la memoria justificativa del proyecto.
¿Qué abarca la nueva reserva?
De acuerdo con el documento técnico de soporte, el área propuesta suma 942.005 hectáreas calculadas en el sistema MAGNA-SIRGAS. El polígono incluye zonas de 21 municipios en Cesar, Magdalena y La Guajira, e involucra cuatro resguardos indígenas y seis consejos comunitarios de comunidades negras.
En el centro de la figura queda un “hueco” que no es una excepción a la protección, sino el área que ya está amparada por otras categorías, como el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tayrona, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. La nueva reserva se superpone con decisiones anteriores, como la ampliación del Parque Sierra Nevada en 172.458 hectáreas, que ya incluyó áreas de Pueblo Bello y Valledupar, en el Cesar.
Sin nuevos títulos mineros por dos años
La herramienta jurídica escogida es la “reserva de recursos naturales renovables” prevista en el artículo 47 del Decreto Ley 2811 de 1974, que faculta al Estado para reservar áreas y excluirlas de concesión o autorización de uso a particulares mientras se adoptan medidas de protección o restauración. El proyecto establece que la reserva tendrá una vigencia inicial de dos años, contados desde la expedición de la resolución, o hasta que se adopte una medida definitiva de protección, lo que ocurra primero.
Imagen: MinAmbiente.
En la práctica, esto significa que la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración o explotación, ni autorizar áreas para actividades mineras dentro del polígono de la reserva. “Durante la vigencia de la medida ninguna autoridad podrá adelantar actuaciones administrativas encaminadas al otorgamiento de nuevos títulos mineros en el área”, advierte el proyecto de resolución.
Las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la zona también quedarán impedidas para otorgar licencias ambientales a proyectos de explotación de minerales dentro de la reserva. Los títulos mineros ya vigentes podrán seguir operando bajo sus autorizaciones actuales, pero las prórrogas y nuevas etapas quedarían sujetas al marco de la reserva y a las decisiones que se adopten una vez finalice el periodo temporal.
El peso de la minería en el Cesar
La decisión se produce en un contexto en el que la economía del Cesar tiene una fuerte dependencia de la actividad minera, especialmente del carbón térmico a cielo abierto. Según un análisis sectorial, alrededor del 50 por ciento de la economía departamental está ligada a la minería, cifra que se eleva al 80 por ciento en el corredor minero de La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná.
En los últimos años, el Gobierno nacional ya había declarado como áreas de reserva temporal minas del Cesar como La Jagua y Calenturitas, con el argumento de evaluar alternativas en el marco de la transición energética, lo que abrió un debate sobre empleo, regalías y futuro económico en la región.
Títulos y solicitudes en la mira
El documento técnico del Ministerio de Ambiente identifica más de un centenar de títulos mineros vigentes en el área de influencia de la Sierra Nevada, varios de ellos superpuestos con resguardos indígenas y territorios colectivos. Al cruzar esa información con el polígono de la nueva reserva se contabilizan decenas de títulos dentro de las 944.000 hectáreas y al menos 77 solicitudes de concesión minera que quedarían congeladas mientras dure la medida.
“La Autoridad Minera considera pertinente que la información presentada sobre superposiciones sea considerada y resalta la importancia de minimizar el riesgo jurídico frente a situaciones jurídicas consolidadas”, señala una comunicación de la ANM citada en la memoria justificativa. Desde el sector minero, gremios y empresas han manifestado que están evaluando el impacto de la decisión sobre proyectos en cartera y sobre el clima de inversión en la región.
Debate jurídico: ambiente sano y derechos adquiridos
La discusión no es nueva. En 2025, el Consejo de Estado respaldó una norma sobre reservas temporales de recursos naturales frente a una demanda de la Veeduría Dignidad Minera, que alegaba violación al debido proceso y desconocimiento de derechos adquiridos en materia de minería. En su fallo, el alto tribunal sostuvo que “la protección del derecho al ambiente sano prevalece sobre derechos adquiridos, especialmente cuando se trata de la propiedad, a la que constitucionalmente le corresponde una función ecológica”.
Esa línea jurisprudencial sirve de respaldo a la nueva megarreserva en la Sierra Nevada, pero también anticipa posibles controversias judiciales por parte de empresas y titulares de concesiones que consideren afectadas sus expectativas de explotación futura.
