La Contraloría Municipal de Valledupar, en cabeza de Angélica María Olarte, determinó que no encontró irregularidades en el convenio interadministrativo (1001-SGR-993-2022) entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad del Magdalena por $3.000 millones.
El objetivo de este contrato era la elaboración de estudios específicos y revisión, ajustes y modificación excepcional de normas urbanísticas de los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) cuya forma de contratación, ejecución y resultados fueron cuestionados por la veeduría, así como por arquitectos, ambientalistas, exfuncionarios, líderes comunitarios y ciudadanía en general.
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