Este impuesto que empezó a regir desde el primero de enero del 2022, que contó con la aprobación del Concejo Municipal y que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, al parecer, carece de los estudios técnicos suficientes y tendría falencias normativas en su aplicación.
Tras conocer que los vehículos que se encuentren matriculados en la ciudad de Valledupar tendrían que pagar un nuevo impuesto, varios conductores y sectores de la ciudad expresaron su desacuerdo con este cobro en la ciudad; así las cosas, el abogado Alfonso Durán Bermúdez interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Cesar.
Al respecto, el abogado Alfonso Durán manifestó que “este no es un servicio que la secretaría está presentando; es una obligación, por tanto, como lo consagra la Ley de Archivos, no debería tener un recaudo de ningún tipo”, y aclaró que está norma transgrede el Artículo 168 de la Ley 779.
