Un camino de espinas y limitado en recursos tienen los estudiantes de la (UPC), por los altos costos en matrículas debido al déficit presupuestal del sector de la educación superior en Colombia.
El semestre, que en otras universidades públicas del país asciende hasta $156.248 o sobrepasa los $554.683 como en la del Atlántico, en la UPC alcanzó este año un valor superior a los $900.000. La UPC solo recibe $1.8 millones valor per cápita de parte del Gobierno Nacional.
Por eso y la falta de calidad en la parte docente, así como el retraso en la infraestructura física de los distintos campus, cientos de estudiantes de la UPC se sumaron a la movilización nacional por “el rescate de la educación”, convocada por el Movimiento Estudiantil Colombiano de estudiantes de universidades públicas.
Partieron de la sede Sabanas, caminaron distintos barrios y finalmente llegaron a la plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar, donde un fuerte cordón de seguridad los esperó con una zona limitada desde la mañana con vallas metálicas, además de la lluvia que los sorprendió durante el recorrido.
Desde allí, Jaider Guerra Morales, líder estudiantil de la UPC, dijo que el déficit es de 18,2 billones de pesos, de esos 3,2 billones son para el funcionamiento y los 15 billones restantes en infraestructura para toda Colombia.
“Estamos exigiendo que el Gobierno Nacional pague esa deuda histórica que tiene con las universidades públicas, no de una vez, pero que lo haga paulatinamente para los estudiantes puedan contar con el dinero y las universidades puedan soñar con la acreditación por alta calidad de sus programas, tengan docentes de planta, laboratorios con su dotación y lo que buscamos también es que se pongan los ojos en las universidades públicas”, declaró Guerra Morales.
El estudiante de Contaduría advirtió que es muy caro acceder a la UPC porque el semestre es mucho más alto que el salario mínimo.
“Las crisis en la UPC es fuerte. Este semestre se inició clases una semana después porque no había cómo pagarle a los docentes; de hecho hoy no les han pagado la mensualidad pasada.
Otro tema son $3.000 millones que necesita la universidad para pagarle a los docentes sus prestaciones sociales; la UPC tiene un déficit de $24.505 millones que necesita para su óptimo financiamiento”, recalcó Jaider Guerra.
Y es que la UPC durante la vigencia fiscal de 2018 alcanzó recursos por el orden de los $77.000 millones, más o menos, pero los cálculos para sostenerse deberían ser de $101.505 millones.
El propósito principal de los educandos tiene como meta gestar que el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas, en el 2019, suba a 4,5 billones de pesos, teniendo en cuenta que este 2018 fue de 3,4 billones.
La marcha se dio como abrebocas al paro nacional estudiantil que iniciará hoy jueves 11 de octubre a la medianoche, confirmado por la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. El cese se prolongará hasta el 21 de octubre, sin embargo, Jaider Guerra Morales señaló que en lo referente a la UPC primero se reunirán en asamblea donde acordarán si se unen o no a la iniciativa nacional. “Depende de la voluntad de los estudiantes, los profesores y el rector”.
A la protesta se unieron docentes de Fecode, el sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje, la Organización Nacional Indígena, así como estudiantes de la Udes, y Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar. Se calculó que cerca de 450.000 manifestantes salieron en todo el país.
Peticiones estudiantiles
En el Congreso de la República fue radicado un pliego de condiciones con las exigencias que le hicieron al presidente Iván Duque y a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, líderes del gremio quienes piden el incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos para las instituciones de educación superior públicas de Colombia.
Además reclaman “la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en cero por ciento, condonación para los alumnos del programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado, y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos”.
El representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la UPC, Farid Alberto Campo Baena, aseguró que desde el Cesar se quiso enviar un mensaje al gobierno de Iván Duque para apropiarlo de la educación en el departamento.
“El Gobierno Nacional no ha reconocido de que esta universidad ha crecido y que no es la misma niña de hace 20 años, hoy no nos están reconociendo y el 56 % del presupuesto de funcionamiento de la universidad lo dan los estudiantes por eso estamos contando con un costo de matrícula demasiado alto. Contando de que hace cuatro años se decidió congelar el valor de la matrícula”, indicó Campo Baena.
Criticó la mirada de los parlamentarios cesarenses, entre senadores y representantes a la Cámara, “porque lastimosamente están pensando en la Universidad Nacional y no en la Universidad Popular del Cesar. No entendemos por qué ese egoísmo y la gran pregunta es qué han hecho por nuestra universidad”.
Esta última parte se centra en el proyecto de ley que tiene como objeto la creación de una estampilla para financiar la operación y funcionamiento de la sede de la Universidad Nacional, sede La Paz, de la autoría del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien plantea recaudar $100.000 millones a través de la emisión de una estampilla, cuya creación será responsabilidad y potestad de la Asamblea Departamental.
Sin embargo, Camilo Lacouture, diputado por el Partido Conservador del Cesar, señaló que de darse el trámite en el Congreso su voto será negativo para esta proposición.
“Ante la iniciativa de los representantes del Cesar, en cabeza de ‘Chichí’ Quintero, de promover una estampilla pro nacional, para que sea pagada por los cesarenses, la he visto como no oportuna porque nosotros tenemos nuestra propia universidad pública, en la cual hemos venido haciendo esfuerzos para canalizarle recursos como para ir a ponerle a los cesarenses que mantengan una universidad, la que más recursos recibe, la de mejor infraestructura y donde sabemos que vienen a estudiar personas de toda Colombia, cuando debemos defender una educación para los nuestros. Por eso me opongo a la creación de esta estampilla”, reveló Lacouture.
Panorama gris
Asdrúbal Rocha Lengua, profesor de tiempo completo de la UPC y exsecretario de Educación en Valledupar, advirtió sobre la crisis del sector público de educación superior especialmente en el Cesar.
“A nivel de docentes la Universidad Popular cuenta con unos 600, los de planta no representan ni el 10 % y el resto son ocasionales o catedráticos que la universidad contrata.
A nivel financiero, en el caso de la UPC, de las 32 universidades que están afectadas por este déficit es la que menos recursos por transferencia del Gobierno, eso se ve reflejado en que se cobra una matrícula mucho más alta a los estudiantes. Sin lugar a dudas este escenario que se abre de protestas es como hacerle un llamado a la sociedad, al Gobierno, que si sigue el desfinanciamiento de las universidades públicas en el país prácticamente estamos dando los santos oleos y dentro de pocos años asistiremos al entierro de las universidades públicas del país”, aseveró Rocha Lengua.
Los inconvenientes son achacados a la reforma tardía de la Ley 30 de 1992, que resolvió problemas en el momento pero no tuvo en cuenta inversiones en tecnología. Por eso, una de las propuestas de las 32 universidades públicas es modificar los artículos 86 y 87 de dicha ley, que definen cómo se reparte el dinero para los centros de educación superior.
Adición al presupuesto
Por otro lado, luego de varias reuniones entre los coordinadores ponentes del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda se comprometió en adicionar $500.000 millones para la educación superior en el país.
El representante por el Cesar, Eloy Quintero Romero, hizo parte del grupo de parlamentarios que se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y dijo: “Como coordinador ponente del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Nación para el 2019 siempre manifesté la necesidad de aumentar la inversión en el sector de la educación, por eso con este logro le damos un parte de tranquilidad a todos los estudiantes que salieron a marchar para exigir mejores asignaciones para la educación superior”.
Los recursos pactados quedaron distribuidos así: $223.000 millones para inversión en infraestructura; $55.000 millones para funcionamiento; $121.000 millones para gratuidad; y $101.000 millones para línea de la excelencia.