Desde el punto de vista legal, el Decreto 2759 de 1997, que modifica el artículo 5° del Decreto 1678 de 1958, establece la prohibición de designar con el nombre de personas vivas.
En las más de 400 páginas de la sentencia de primera instancia, la Corte Suprema lanzó fuertes acusaciones en contra del exgobernador.