La presunta desviación que habría realizado Electricaribe de los recursos que buscaba disminuir el nivel de pérdidas de la empresa, ascenderían a más de $200.000 millones, indicó el contralor.
Una nueva demanda fue instaurada en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, con la que buscan reestablecer la comandancia a Fernando Augusto Ramírez Ocampo.
Pueblo Bello es el municipio del Cesar en el que este ente de control encontró clientes con impacto de menor aplicación del subsidio.
Contraloría General detectó el posible detrimento patrimonial:Alcaldía de Cartagena habría pagado $2.500 millones por “comisiones de éxito” a asesores externos.
El hallazgo fiscal se estableció dentro de la Auditoría Regular que adelanta actualmente la CGR al Banco Agrario, entidad a la cual ya le fueron comunicados los resultados correspondientes a esta operación.
Esta obra ya fue inaugurada, a finales de marzo, por el ministro de Transporte, Jorge Rojas; el gobernador Francisco Ovalle Angarita y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.
La Contraloría General de la República profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal, por $38.866 millones de pesos, en contra de Coomeva EPS, dos de sus exgerentes, Fernando Panesso Serna, Piedad Cecilia Pineda y otras personas naturales y jurídicas involucradas en la destinación de recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos como:
