Según el concejal Guido Castilla, la socialización busca estudiar vacíos para luego proponer las modificaciones pertinentes.
En otras diligencias, la corporación estudiará proyecto de presupuesto radicado por la Alcaldía para la vigencia 2019 y aforado en $ 726.375.888.740 millones de pesos.
La protesta pacífica fue la forma mediante la cual los líderes comunales de la ciudad mostraron respaldo a su compañero que fue víctima de un atentado.
El proyecto de estatuto busca ser adaptado a los nuevos reglamentos normativos de la Ley 1819 que en materia tributaria territorial trajo unos cambios, buscando una equidad en cuanto a algunos tributos.
En segundo debate, el Concejo de Valledupar aprobó el proyecto para enajenar un lote del municipio a Fonvisocial, y construir soluciones de viviendas para víctimas del conflicto armado.
La corporación avanza en las sesiones extraordinarias que fueron convocadas por la administración para darle trámite a siete proyectos.
El pasado lunes, el alcalde Augusto Ramírez Uhía convocó a sesiones extraordinarias a los corporados, instalación que se realizó la tarde de ayer en la sede de la corporación. En total serán 13, según el Decreto 000864 del 13 de agosto de 2018.
La decisión tomada por la Sección Quinta se hizo durante la revisión del fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual había considerado que estaba habilitado para ejercer como contralor.
Aunque el segundo periodo de la corporación debió haber terminado el pasado 30 de julio, los concejales lo prorrogaron por 10 sesiones que terminan hoy.
La Secretaría de Hacienda socializó las modificaciones al Estatuto Tributario del municipio, asegurando que se busca adaptar algunos parámetros contemplados en la Ley 1819 de Reforma Tributaria.
La corporación municipal busca aclarar las dudas de lo que trae el documento que reemplazará el Estatuto del 2014.
Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado que anula la elección del actual contralor municipal de Valledupar, se barajan las posibilidades de una nueva elección.
A la gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza no le fueron suficiente 10 días para responder el cuestionario enviado por el Concejo Municipal.
En Valledupar hay registrados alrededor de 12 mil venezolanos; sin embargo las autoridades estiman que en el municipio hay por lo menos cinco mil personas más que no se registraron
Las actividades iniciarán con la problemática causada por la migración de venezolanos, que aseguran han incrementado los problemas sociales en el municipio.
Los concejales que le generaron el mal ambiente a la proposición fueron Eudes Orozco, Wilfrido Ortiz, Guido Castilla, Luis Miguel Santrith, Carlos Daza, Alex Pana y Gabriel Muvdi, quien dijo que lo que quieren es que modifiquen el termino de mesa de trabajo, por informe.
Autorización al Alcalde para salir del país
Lo cual marcará la agenda de este segundo periodo de sesiones ordinarias, donde el presidente de la corporación, Yesith Triana, dijo que el objetivo es que Valledupar cada día sea una mejor ciudad, así como también los 25 corregimientos y sus 102 veredas.
El Concejo de Valledupar aprobó el aumento de los subsidios para las familias de escasos recursos, lo cual se reflejará en
las facturas.
En Valledupar hay registradas por la Secretaría Local de Salud, encargada de llevar el registro y caracterización de la población con discapacidad, un poco más de 13.000 personas en esta condición.
El alcalde Augusto Ramírez Uhía hizo el llamado a los concejales para que evalúen aspectos como el Estatuto Tributario, el incremento que por ley requiere su sueldo, entre otros.
El proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la política pública de discapacidad e inclusión social en el municipio de Valledupar fue aprobado en segundo debate.
El director del Área Metropolitana, Alfredo Saade Vergel, dijo que la corporación “le dio la espalda a la seguridad de Valledupar”. Los concejales se molestaron y rechazaron el señalamiento.
En una sesión especial del Concejo de Valledupar realizada en el corregimiento de Mariangola, el alcalde se comprometió a resolver sus necesidades.
De ser aprobado este proyecto, la capital del Cesar se convertiría en el primer municipio del país en tener una política que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la población con discapacidad.
