A la Contraloría General y a la Fiscalía General de la Nación se les solicitó investigar y sancionar al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas faltas disciplinarias, responsabilidades fiscales y conductas punibles que se derivarían de posibles casos de corrupción en la contratación de algunas obras dirigidas por la Gobernación del Cesar.

Así lo dio a conocer el senador de la República, Antonio Sanguino, por medio de un oficio donde precisó que la investigación ‘El negocio redondo: materiales de construcción para obras de la Gobernación del Cesar provienen de un predio de la familia Gnecco’ señala de manera específica la relación de intereses que tiene el mandatario departamental con Geicar S.A.S, empresa que opera el predio ‘El Consuelo’ de propiedad de la familia Monsalvo Gnecco.

“En dicho informe explicamos que existiría una relación coordinada entre particulares que contratan obras civiles con la Gobernación del Cesar y el proyecto minero ‘La Peña de Horeb’, cantera ubicada en Valledupar en un predio de la familia Monsalvo Gnecco, desde donde se proveerían materiales e insumos para la construcción de las obras del departamento”, manifestó Sanguino.

El senador solicitó que las empresas involucradas en los presuntos actos de corrupción también sean investigadas y que se les establezcan las respectivas responsabilidades en torno al caso. Así mismo, que los entes le informen de todas las actuaciones y diligencias que se realicen en el proceso.

En el oficio enviado a la Fiscalía y Procuraduría también están adjuntados el certificado de existencia y representación legal de Inversiones Mongne S.A.S., sociedad de la familia Monsalvo Gnecco que es dueña del predio ‘El Consuelo’.

De la misma manera anexaron el certificado de existencia y representación legal de El Grupo Empresarial de Infraestructura del Caribe Geicar S.A.S., el certificado de tradición y libertad del predio denominado ‘El Consuelo’, la lista de contratos que Geicar S.A.S. reportó ante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-Secop II, entre otras pruebas que señalan las presuntas irregularidades en la contratación de los insumos de construcción para algunas obras del departamento.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN

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