Para el ente, los exfuncionarios públicos incurrieron en una falta gravísima para los parámetros de la contratación pública.
Con una suspensión de cinco meses fue sancionado por la Procuraduría General el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, por las irregularidades en un contrato para la adquisición de mobiliario para aulas escolares en diferentes instituciones del municipio durante su período administrativo.
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El organismo de control determinó que el exmandatario incluyó condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre ocurrencia de oferentes en el proceso de subasta inversa No. SASI 015-2015 para el proyecto que saldría por más de $1.500 millones.
Por eso, también sancionó con suspensión de ocho meses a la exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, Mery María Romero Mestre (2013-2015), por adjudicar la subasta inversa a través de la Resolución No. 003892, y celebrar el contrato No. 784 del 28 de diciembre de 2015.
“Con la conducta los exfuncionarios transgredieron los principios de transparencia y de selección objetiva al solicitar a los oferentes, entre otras cosas, contratos exclusivamente con entidades públicas para acreditar la experiencia, con una sumatoria igual o superior a seis veces el presupuesto oficial del contrato”, dijo la Procuraduría.
Para el ente, los exfuncionarios públicos incurrieron en una falta gravísima para los parámetros de la contratación pública.
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Desde que el exmandatario terminó su período administrativo entre 2012-2015 son varias las irregularidades que las autoridades han encontrado por concepto de contratación, al tan punto que tres de esas transcendió al ámbito penal.
Las dos primeras están relacionadas a un proceso de permuta y compra- venta sobre unos lotes que eran del municipio ubicados por Mercabastos y el Parque Industrial, respectivamente.
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La otra consiste en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito en el año 2014. Según la Fiscalía, el exalcalde para el cumplimiento de los objetivos del PAE contrató a ‘dedo’; es decir, de forma directa por un monto de 9 mil millones de pesos y no por licitación pública como lo establece la ley colombiana en aspectos puntuales.
Para el ente, los exfuncionarios públicos incurrieron en una falta gravísima para los parámetros de la contratación pública.
Con una suspensión de cinco meses fue sancionado por la Procuraduría General el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, por las irregularidades en un contrato para la adquisición de mobiliario para aulas escolares en diferentes instituciones del municipio durante su período administrativo.
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El organismo de control determinó que el exmandatario incluyó condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre ocurrencia de oferentes en el proceso de subasta inversa No. SASI 015-2015 para el proyecto que saldría por más de $1.500 millones.
Por eso, también sancionó con suspensión de ocho meses a la exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, Mery María Romero Mestre (2013-2015), por adjudicar la subasta inversa a través de la Resolución No. 003892, y celebrar el contrato No. 784 del 28 de diciembre de 2015.
“Con la conducta los exfuncionarios transgredieron los principios de transparencia y de selección objetiva al solicitar a los oferentes, entre otras cosas, contratos exclusivamente con entidades públicas para acreditar la experiencia, con una sumatoria igual o superior a seis veces el presupuesto oficial del contrato”, dijo la Procuraduría.
Para el ente, los exfuncionarios públicos incurrieron en una falta gravísima para los parámetros de la contratación pública.
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Desde que el exmandatario terminó su período administrativo entre 2012-2015 son varias las irregularidades que las autoridades han encontrado por concepto de contratación, al tan punto que tres de esas transcendió al ámbito penal.
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La otra consiste en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscrito en el año 2014. Según la Fiscalía, el exalcalde para el cumplimiento de los objetivos del PAE contrató a ‘dedo’; es decir, de forma directa por un monto de 9 mil millones de pesos y no por licitación pública como lo establece la ley colombiana en aspectos puntuales.