El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, expidió la resolución mediante la cual autorizó la prórroga de la intervención administrativa del Hospital Rosario Pumarejo de López. Esta determinación extiende el control estatal sobre el centro médico por el término de un año, comprendido entre el 15 de enero de 2026 y el 14 de enero de 2027, con el objetivo de continuar las acciones para estabilizar la entidad.
La decisión administrativa ratifica en el cargo al agente interventor Anselmo Hoyos Franco, quien fue designado en noviembre de 2025 tras la remoción de la administración anterior. Este nombramiento ha sido interpretado por diversos sectores locales como un movimiento con matices políticos y electorales, trazando un paralelo con los cambios administrativos ocurridos en la empresa de servicios públicos Emdupar, también intervenida bajo circunstancias similares. Para distintos analistas, la extensión de la medida resultaba previsible al tratarse de un año con una marcada agenda política y electoral.
El blindaje jurídico y el peso de las deudas
Según la Superservicios, la intervención se justifica no solo como una herramienta de gestión clínica, sino como un mecanismo de protección jurídica indispensable ante la crítica acumulación de pasivos.
El hospital arrastra deudas históricas y pasivos judiciales que sumarían aproximadamente 75.000 millones de pesos. De acuerdo con el contexto financiero de la entidad, este monto valida la necesidad de mantener la figura de intervención forzosa, pues si la medida se levantara, dichas demandas se transformarían inmediatamente en embargos que paralizarían la operación financiera e impedirían el funcionamiento del hospital.
A esta realidad se suman las cifras reveladas por el Ministerio de Salud en el concepto técnico que acompaña la resolución, las cuales evidencian un deterioro en varios indicadores. El documento detalla que el gasto total comprometido pasó de 116.722 millones de pesos en 2021 a 151.214 millones en 2024, lo que representa un incremento del 29,55%.
Asimismo, se advierte que los gastos operacionales alcanzaron los 107.200 millones en 2024, absorbiendo el 70,89% del total de los gastos, una proporción que presiona la caja de la institución.
Finalmente, el informe oficial subraya las dificultades estructurales en el recaudo de dinero. Con corte a septiembre de 2025, la cartera total ascendía a 130.114 millones de pesos. Lo más crítico de este indicador es que el 58,62% de dicha deuda, equivalente a 76.277 millones de pesos, corresponde a cartera mayor a 360 días, una antigüedad que dificulta significativamente su cobro efectivo y limita la liquidez inmediata que requiere el hospital para operar.
